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Ya no se puede conceder más espacio a las bandas criminales

Una reacción inmediata de la autoridad es lo único que cabe para romper las cadenas de sometimiento que pretenden imponer bandas de delincuentes, con amenazas de muerte y ataques criminales sin piedad. No hay excusa ante el dramático testimonio de extorsiones del que declaran ser víctimas principalmente los propietarios de vehículos de transporte público. En un Estado de derecho resulta una indignidad que se deba pagar a delincuentes para poder ganarse honradamente el pan de cada día.

La forma de actuar de estas bandas revela que han aprovechado un vacío dejado por autoridades poco diligentes. De otra manera no se explica cómo es que desde los penales los reclusos puedan hacer llamadas telefónicas para coartar a los transportistas. ¿Qué sentido tiene, entonces, recluir a delincuentes, si detrás de las rejas pueden seguir siendo una amenaza para la tranquilidad pública? Es impostergable, por ello, que el INPE imponga un régimen realmente severo de reclusión, con bloqueo de señales telefónicas y controles estrictos de visitas, así como una enérgica fiscalización y sanción de los agentes penitenciarios corruptos.

También debe mostrarse mayor diligencia, eficiencia y coordinación entre las autoridades regionales, municipales y policiales. Ante esta amenaza, el Estado Peruano debe imponer el enorme peso de su autoridad en la lucha sin cuartel que deben dar la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE, asegurando la reclusión efectiva de los delincuentes.