El revalorado poder ciudadano

Por Alejandro Deustua. Internacionalista

Una década después de que la Constitución de 1998 no consiguiera canalizar la emergencia social y política en el Ecuador, un nuevo intento de orden interno acaba de ser aprobado por un plebiscito. A él ha contribuido la violenta interacción entre reforma y crisis económica que produjo tres sui géneris golpes de Estado y una sucesión de líderes revolucionarios. Hoy uno de ellos, elegido para cambiarlo todo, ha procedido a hacerlo sin redefinir con precisión nada que no sea la movilización social y el incremento desmesurado del papel del Estado.

En efecto, la nueva Constitución ha desdeñado el progreso para incorporar el concepto de 'buen vivir', se ha desembarazado de la construcción nacional para dar lugar a la organización comunitaria infinitamente desagregada y ha optado por privilegiar a innumerables minorías por sobre la sociedad.

En este proceso de disolución de la entidad política, solo queda la autoridad estatal y la participación en todos los niveles como dinamizadores claros. Ello reclamará un elevado nivel de control y la esperanza de que el desorden preexistente devenga efectivamente en la participación social en la que dos tercios del electorado han colocado sus esperanzas.

Así, minimizada la intermediación política y marginada su representación en un escenario donde a los partidos no se les da prioridad, el ejercicio de la soberanía interna recaerá de manera persistente en la consulta popular y en la credibilidad presidencial. Esta podrá, a su vez, ser confrontada por el Congreso que puede implementar la destitución del presidente apelando a la invocación de un lugar común (la crisis política) mientras el presidente podrá destituir al Congreso si este considera que ese organismo se arroga funciones que no le competen.

En este contexto de desaparición del individuo del centro de la preocupación pública y de extinción de la representatividad, el Estado de derecho se ha ampliado a formas no equitativas de ejercerlo, mientras la economía ha eclosionado en múltiples modismos.

En efecto, el libre mercado desaparece por simple indiferencia constitucional para dar pie a una economía "justa, democrática, distributiva, igualitaria" y con amplio control social. Consecuentemente, para que el desprecio por las leyes de la oferta y la demanda giren hacia el lado de la 'eficiencia', el Estado dirigirá, planificará y regulará la relación económica entre sociedad, mercado y sector público.

En ese marco, todos los actores son parejos: el sector público, el sector privado, las organizaciones mixtas, las comunitarias y otras. Como quiera que ello funcione, la eficiencia reemplaza al concepto equilibrio, la inversión extranjera será orientada, el comercio exterior responderá a objetivos de planificación central y el endeudamiento será solo el último recurso.

Así, el control estatal de la política fiscal y monetaria puede ser un emprendimiento nanotecnológico frente al reclamo de mayor intervención estatal como garantía de seguridad frente al caos de gestión pública que puede crearse en el vecino. Más aun cuando el Estado define casi todos los sectores de servicios como estratégicos y se propone a actuar en él de manera determinante.

En circunstancias en que el control estatal vuelve a ser requerido en la actividad económica global, el nuevo orden ecuatoriano ha sobrepasado de lejos esa tendencia. Esperamos que esta no lo lleve a consolidar la esfera de influencia venezolana y que, en medio de tanto esfuerzo ecuménico, sus gobernantes estén al tanto de una buena definición de interés nacional que sus vecinos queremos respetar y satisfacer en convergencia.