A la fuerza turba obliga a alcalde de Oyón a dimitir

Por Javier Ascue Sarmiento. Enviado especial

El alcalde de la provincia de Oyón, Manuel Delgado Altez, fue retenido por doce horas y obligado a renunciar al cargo por pobladores reunidos en la plaza de Armas de esta ciudad altoandina ubicada al noreste de Lima, en medio de amenazas de muerte, agresión a la propiedad privada, bloqueo de carreteras, incendio de una camioneta policial y apedreamiento de vehículos.

El burgomaestre fue retenido por los revoltosos desde las 6 de la mañana, en que abandonaba la ciudad luego de que había sido tomado el local municipal. Fue liberado pasadas las cinco de la tarde.

Frente a una muchedumbre amenazante, fue obligado a firmar numerosos documentos, entre ellos su renuncia al cargo, entrega de la municipalidad, compromisos para que los dirigentes del Frente de Defensa de Oyón no sean denunciados ni enjuiciados, y para que el burgomaestre no regrese nunca a la provincia.

Los manifestantes convocaron una asamblea durante la cual Delgado Altez permaneció parado junto a tres policías en el frontis de la comuna --hasta las seis de la tarde--, en medio de enardecidos pobladores, en su mayoría trabajadores mineros, campesinos y de mercados. El presidente del Frente de Defensa de Oyón, Héctor Facundo Dámaso, no dejaba de soliviantar a los pobladores a través de altoparlantes.

Otro grupo de violentistas, en el que se informó que estaban agitadores de Patria Roja, no permitió durante ese tiempo la participación de las autoridades, salvo del fiscal provincial mixto de Oyón, Álvaro Rodas, quien en todo momento protegió al alcalde para que no sea maltratado, así como a los policías.

Los revoltosos también exigieron que el alcalde sea juzgado por malversación, abuso de autoridad y por pretender contratar trabajadores de Lima para realizar obras.

Tras la firma de documentos por parte del alcalde y promesas verbales de la policía y el fiscal de que el burgomaestre no regresaría, los pobladores consideraron que sus demandas habían sido atendidas.

Delgado fue entregado por los dirigentes del frente al fiscal Rodas y al mayor PNP Layme Morales, comisario de Oyón, para que lo sacaran de la ciudad luego de ser examinado por el médico legista de turno.

Tras esta decisión los manifestantes se dividieron. Un grupo pretendía que el alcalde fuera castigado y permaneciera en la plaza hasta que el Jurado Nacional de Elecciones lo revocara definitivamente y nombrara a otro alcalde. El otro grupo aceptó que su custodia estuviera a cargo del Ministerio Público y la policía.

EL ORIGEN
Esta situación de violencia se inició el viernes en la tarde cuando el alcalde regresó al pueblo para cumplir sus funciones. Los dirigentes del frente trataron de impedir el ingreso de la autoridad municipal y dos regidores.

En la madrugada del domingo se produjo la toma del local edilicio. Fueron cerradas las puertas con cadenas y soldaduras. La plaza fue cercada con piquetes de exaltados jóvenes y campesinos.

Ante el pedido de ayuda por parte del alcalde, ayer en la mañana llegaron a Oyón 150 policías de Huacho y Lima para recuperar el local municipal. Los custodios lograron por algunas horas rodear la plaza. Cuando aparentemente la población se había calmado, se dejó libre una de las calles de acceso por donde ingresó la turba hasta la puerta de la municipalidad. Allí se produjo un enfrentamiento con las fuerzas del orden. Se dijo que hubo algunos heridos leves aunque la policía no los identificó.

Con la captura del alcalde, el contingente policial se vio obligado a retirarse y dejó que los manifestantes hicieran su asamblea.

Hubo actos de vandalismo. Quemaron una camioneta de la policía y apedrearon numerosos ómnibus y automóviles. También bloquearon la carretera para impedir que regresasen los policías.

Los fiscales lograron evitar mayores actos de violencia cuando garantizaron una asamblea pública pacífica y el firme compromiso de no agredir a la autoridad.

Sin embargo, los representantes del Ministerio Público adelantaron que los documentos que el alcalde se vio obligado a firmar no tendrían ningún valor, pues han sido rubricados en un momento de beligerancia y estado de violencia en el cual se había puesto en peligro la vida del alcalde Delgado Altez.

La calma para el burgomaestre y los policías, que en todo momento estuvieron al lado de la autoridad edilicia, retornó recién cuando llegaron a la comisaría de Oyón, donde contaron con medidas de seguridad.

Mientras tanto, en la plaza principal de Oyón los ofuscados dirigentes continuaban discutiendo entre ellos.

"Tuve que firmar para salvar mi vida"
"Por salvar mi vida tuve que firmar numerosos documentos. También estaba de por medio la vida de los policías. Esos documentos al final no sirven para nada porque los cabecillas no tienen ninguna autoridad", dijo Manuel Delgado Altez, alcalde de Oyón, mientras descansaba en una silla en el interior de la comisaría que fue rodeada por policías para evitar que nuevamente los manifestantes tratasen de retenerlo y botarlo de la ciudad.

Dijo que el problema con los regidores de la oposición y personajes politizados del Frente de Defensa se remonta al año pasado, cuando en una sesión de regidores acordaron vacarlo de la Alcaldía.

"Fui acusado de muchos delitos, entre ellos de malversación y apropiación de fondos destinados para obras, así como de no contratar a personas de Oyón. Para hace obras necesitamos técnicos y obreros calificados. En Oyón solo podía contratar secretarias, porteros, choferes y guardianes", sostuvo Delgado Altez a este Diario.

PRECISIONES
4El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aclaró que resolvió de manera oportuna y conforme a ley dos expedientes referidos a la suspensión del alcalde y la vacancia de un regidor de la provincia limeña de Oyón.
4Sobre la suspensión del alcalde Manuel Delgado Altez por medida disciplinaria, el JNE declaró nulo el acuerdo de concejo que determinó tal suspensión al no haber cumplido con adoptar la decisión con la mayoría de votos. La resolución 145-2008-JNE indica que correspondía un acuerdo con cuatro votos y no con tres como sucedió.

DEL CONSULTOR
Una relación conflictiva*
Este problema genera varias lecturas. Desde el punto de vista político evidencia la relación conflictiva entre gobernantes y gobernados. Hay una crisis de representación que lleva a la población a desconfiar de autoridades que, al poco tiempo de su elección, son acusadas de malos manejos y de corrupción.

En cuanto a los gobiernos locales y regionales la salida es una reforma política que permita elevar la valla mínima para evitar tener autoridades con poca votación. No sé si este es el caso, pero el problema es muy frecuente. Incluso debería pensarse en que alcaldes y presidentes regionales sean elegidos con el 50% de los votos. Otro ángulo es el policial y la seguridad. Luego de los sucesos de Moquegua --la población tomó de rehén a un general PNP--, se ha agudizado la falta de respeto a la policía.

La situación es grave y recrudece por la incompetencia de quienes están al frente del sector Interior. En ciertas oportunidades, la PNP ha cometido errores en ejecutar operaciones, como consecuencia de lo cual termina como víctima de los conflictos o agrediendo a la población. Hay también falta de profesionalismo. Oyón es una muestra de todo esto, y pienso que se puede replicar en otras localidades. La población exige más obras, pero lo grave es la velocidad con que pierde confianza en sus alcaldes.

En cuanto a la PNP, necesita recobrar legitimidad y ser fortalecida para devolver la autoestima al policía.
Carlos Basombrío. Ex viceministro del Interior