De 177 conflictos sociales, 17 surgieron en setiembre

La curva estadística sigue en alza. Según el último Reporte de Conflictos Sociales, elaborado por la Defensoría del Pueblo, 17 casos nuevos se han presentado en el mes de setiembre, lo que eleva a 177 el total de conflictos sociales que soporta el país. El de Oyón, que se hizo notorio el jueves, es el más reciente.

De este total, 126 conflictos permanecen activos y 51 latentes. Además, uno ha sido reactivado y otro ha logrado ser resuelto favorablemente. El reporte registra también 79 acciones de protesta colectiva y 106 acciones de la Defensoría del Pueblo.

Dos datos interesantes se desprenden de este informe. El primero es el motivo principal de esta problemática: 83 casos (el 48% del total) están vinculados a la actividad minera, ya sean grandes empresas o mineros artesanales. Otros 27 conflictos nacen en el descontento de la población con sus autoridades locales.

Otro detalle que destaca en el reporte es el ámbito geográfico. Cajamarca (16 conflictos), Puno (14) y Ayacucho (14) son las tres regiones que presentan la mayor cantidad de casos. Triste coincidencia: las tres son regiones altoandinas, pobres y con problemas que aún no encuentran sus soluciones.

Según Carlos Eduardo Aramburú, antropólogo experto en políticas sociales, el crecimiento exponencial de los conflictos sociales demuestra, en buena cuenta, que el Estado no puede resolverlos por sí solo, y que ha habido proyectos piloto para trabajar en conjunto con entidades que generen confianza en la población y los actores del conflicto.

" Son tres las etapas de un conflicto: la alerta, la prevención y la resolución. Debe diseñarse un plan para que no exploten, a partir de la creación de comités formados por instituciones capaces de generar diálogos. No se le puede tirar toda la pelota al Gobierno Central porque este no puede solo", explica Aramburú.

TRANQUILIDAD EN OYÓN
En Oyón, la calma vuelve paulatinamente. El alcalde de esta localidad, Manuel Delgado Altez, fue trasladado en la madrugada del viernes hacia Lima custodiado por dos policías y varios familiares, quienes viajaron al enterarse de que la autoridad había sido retenida durante doce horas por una turba para exigir su renuncia al cargo.

En la ciudad, las actividades comerciales se desarrollan en forma normal. El servicio de transporte de pasajeros y los camiones con carga de minerales circularon sin dificultad por los alrededores de esta localidad ubicada en la sierra limeña.

Además, los dirigentes del frente de defensa que promovieron esta asonada violentista contra el alcalde Delgado Altez habrían desaparecido de la ciudad, según informó uno de los fiscales presentes en los hechos del jueves.

La policía desmintió las versiones propaladas por los dirigentes, quienes aseguraron que una gran cantidad de documentos de la municipalidad habían sido saqueados. Según informaron los policías, las oficinas interiores del concejo permanecieron cerradas durante la toma del local.

DEL CONSULTOR
La raíz de  los conflictos*
De Ilave a Oyón hemos sido testigos de innumerables conflictos municipales y diversas explicaciones sobre su origen. Cada vez queda más claro que la ingobernabilidad local se debe a una confrontación permanente por el control de las municipalidades y sus recursos entre diferentes grupos de poder local, representados por los alcaldes, regidores, funcionarios estatales y líderes sociales.

Estos conflictos se encubren detrás de justos reclamos de los pobladores por algún incumplimiento de la autoridad. Así, ciertos caudillos locales aprovechan el descontento ciudadano para cuestionar al alcalde bajo denuncias de corrupción que, en la mayoría de los casos, terminan siendo desmentidas por los informes de la Contraloría General de la República o por el rechazo del Jurado Nacional de Elecciones a pedidos injustificados de vacancia.

Lo que en realidad ocurre es que la incapacidad de la mayoría de los gobiernos locales para administrar los recursos que se les transfieren por concepto de canon o Foncomún está llevando a que una institución --que en el pasado era percibida como la más cercana a la ciudadanía--, pierda su legitimidad. Mientras no se corrija el exceso de competencias y funciones que se les ha asignado los conflictos seguirán multiplicándose.
* Javier Torres Seoane. Antropólogo