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¿Quién habla con los gobiernos regionales?

Por: Juan Paredes Castro |

La gran pregunta que se hace mucha gente es por qué los gobiernos regionales aparecen pintados en la pared frente a conflictos sociales en ebullición, mientras el Gobierno Central carga enteramente con estos.

La explicación más cercana, aunque insuficiente, consiste en reconocer que así como hay competencias y recursos que el Gobierno Central ha transferido a los gobiernos regionales, y que no están siendo bien administrados, hay también competencias y recursos que el Gobierno Central aún se reserva, ya sea porque se desprenderá de ellos todavía más adelante o porque definitivamente los retendrá.

El trazado de cancha, en este caso, dice mucho y poco al mismo tiempo.

Dice mucho en el sentido de que tenemos una descentralización en marcha, fundamentalmente administrativa, y no una desconcentración real del poder político.

Dice poco en tanto y en cuanto las presidencias regionales, como protagonistas del cambio, son muy disparejas en eficiencia y exhibición de resultados, y el Gobierno Central aún demasiado duro para desprenderse de no pocas decisiones que podrían manejarse regionalmente bajo ciertos controles y monitoreos de calidad.

Algunos de los conflictos sociales en ebullición, como los de Tacna y Moquegua, tienen el denominador común de estar volcados hacia negociaciones y decisiones con el Gobierno Central, pero desde la base de posiciones locales de confrontación, respecto de las cuales los gobiernos regionales respectivos no hacen el menor intento por construir consensos.

Los electores de los gobiernos regionales no quieren hablar con estos sino con el Gobierno Central. Los gobiernos regionales, a su vez, prefieren vivir desconectados de sus electores y dependientes del Gobierno Central. Este, por último, para completar el circuito, embalsa todas las demandas del interior del país, con escasa o ninguna capacidad para redistribuirlas entre el ámbito propio de su competencia y el de las correspondientes autoridades regionales.

El Consejo Nacional de Descentralización, creado en el gobierno de Alejandro Toledo y regentado durante mucho tiempo por Luis Thais, fue equivocadamente disuelto. Era mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo, como ahora, y no tenerlo. El primer ministro Jorge del Castillo tiene que actuar con mucha rapidez y eficacia para dotar al proceso de descentralización y regionalización de urgentes mecanismos de coordinación y monitoreo desde y hacia el Gobierno Central, para evitar verse involucrado en operaciones mataincendios que, lejos de representar soluciones, enmascaran conflictos más graves.