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¿El Gobierno ha recuperado sus reflejos?

Por: Juan Paredes Castro |

El ceño fruncido y los adjetivos gruesos del presidente Alan García podían haber sido, la noche del domingo último, gestos menos dolorosos para él y su Gabinete, si ese día le hubiera tocado destapar el Caso Quimper-León en lugar de tener que reaccionar a la denuncia de la prensa, por más que su reacción fue, sin duda, rápida y severa.

En efecto, la corrupción tramada para favorecer los contratos con la empresa Discover Petroleum parecía estar en la pista de las más altas esferas del Gobierno, pero, como ocurre en la generalidad de casos vinculados al Estado, la prensa estuvo más temprano en el partidor que lo que hubiera querido estar Palacio de Gobierno.

Dentro de la misma lógica de reacción presidencial, ahora sabemos algo más: que el ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, deja el Gabinete; que el presidente de Petro-Perú, César Gutiérrez, presentó renuncia al cargo; que el abogado Alberto Quimper fue destituido del directorio de Perú-Petro; que el presidente de este organismo, Daniel Saba, deshoja margaritas; y que el amigo y socio de Quimper, el ex ministro del régimen aprista Rómulo León Alegría, ha pedido la suspensión de su militancia partidaria y que podría enfrentar, junto con sus cómplices, una expeditiva orden de detención.

Si bien la manera como han actuado García y su primer ministro Jorge del Castillo en las primeras 24 horas revela la recuperación de los reflejos políticos del Gobierno en sus primeros días, cuando parecía no dejar pasar nada que oliera a corrupción, en el último año y medio los sistemas de control y fiscalización internos y las procuradurías del Estado se han reblandecido. Y el dejar hacer y dejar pasar ha cobrado un sitial político casi consuetudinario.

Comenzando por el Congreso, que no tiene autoridad moral para quejarse de la fiscalización de la prensa, quienes están al frente de los más altos organismos del Estado tienen que adelantarse a las investigaciones y auditorías externas, convirtiendo la vigilancia propia en su mejor arma contra la ineficiencia y la corrupción. Tienen que ser los descubridores de lo que burocráticamente los corroe por dentro. La criminalidad gubernamental o estatal es ahora materia de estudios profundos y rigurosos que apuntan precisamente a salvar los fines y objetivos de lo que debe ser un servicio público cada vez más idóneo y decente.

La infeliz experiencia de las últimas horas seguramente motivará en el presidente García y su primer ministro un compromiso urgente con la pendiente reforma de la administración pública, uno de cuyos talones de Aquiles es justamente su falta de eficiencia y transparencia y, lo que es peor: su arraigada tendencia a la impunidad.