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No es un simple lobby

Por Luis Vargas Valdivia. Ex procurador anticorrupción

Es obvio que la gravedad de los hechos detallados en la denuncia interpuesta por Fernando Rospigliosi respecto de los acuerdos colusivos habidos entre funcionarios públicos, políticos y particulares, para la obtención de la buena pro de lotes de exploración petrolífera en el zócalo continental, obligan al Ministerio Público, como ya lo anunció la fiscal de la Nación, a iniciar a la brevedad una investigación preliminar tendiente a individualizar tanto la totalidad de los hechos materia de estos acuerdos ilícitos, como a identificar a todos aquellos que resulten responsables por los mismos.

Es claro que nos encontramos ante indicios razonables de actos que, de acuerdo con la participación que corresponda a los distintos partícipes, podrían encuadrarse en delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión desleal, patrocinio incompatible y corrupción de funcionarios, previstos en los artículos 317, 384, 385 y 393 del Código Penal.

Es de resaltar que la Ley 28024, que regula la gestión de intereses en la administración pública, o lobby, establece claramente que los funcionarios con capacidad de decisión pública, entre los que se encuentra los miembros de los directorios de la empresas comprendidas en la actividad empresarial del Estado, están prohibidos de actuar como gestores de intereses, debiendo incluso dejar constancia pública de las comunicaciones que tengan con algún gestor o lobbista; siendo que estos últimos además deben estar inscritos en el Registro Público de Gestión de Intereses, para poder ejercer dicha labor. Asimismo, en dicha norma se prohíbe expresamente a los funcionarios públicos a aceptar cualquier liberalidad (entendida como beneficio, dádiva o comisión) por parte de los gestores, estableciendo diversas sanciones administrativas, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan.