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Por un Fonafe más empresarial que burocrático

Por: Juan Paredes Castro |

El caso de corrupción Quimper-León encierra una lección que debe llevar al Gobierno a redefinir de golpe el papel del Fondo Nacional de Financiamiento Empresarial del Estado (Fonafe).

Dentro de este frondoso árbol del Fonafe está precisamente Perú-Petro y otras empresas de gran envergadura, cuyas políticas, operaciones y contratos deberían contener exigencias de autonomía y competitividad y salvaguardas de control y regulación capaces de evitar cualquier eventual desgaste o afectación del Gobierno y del Estado.

Petro-Perú ha quedado en una pertenencia intermedia, que no deja de ser a su vez ambigua, entre la asignación de recursos a través del Fonafe y la no injerencia de este en su dirección y manejo.

Ya cuando ocurrió el escándalo del Banco de Materiales, las más urgentes recomendaciones de entonces estaban dirigidas a que el directorio de este organismo no estuviese como hasta ahora demasiado vinculado al Gobierno, en perjuicio de las decisiones y actividades propiamente empresariales del Estado.

La contradicción más saltante consiste en la autonomía que el Fonafe aparentemente otorga y facilita a las empresas estatales bajo su jurisdicción, y la dependencia marcada del propio Fonafe respecto del Gobierno. A la postre no se entiende bien de qué autonomía empresarial estatal estamos hablando y de qué rendición de cuentas en las más altas esferas del Fonafe.

El problema mayor detectado en los últimos tiempos es que los mecanismos de control y fiscalización desde y dentro del Fonafe son prácticamente escasos o nulos en términos de eficiencia y resultados. Ahí están los ejemplos del Banco de Materiales y de lo que recientemente ha pasado con contratos vinculados a Perú-Petro y Petro-Perú. Quien aparece cargando con el caso Quimper-León no es el presidente del Fonafe sino el mismísimo Gobierno.

Tiene pues que haber una fórmula muy bien estudiada, que ponga a buen recaudo al Gobierno y al Estado de las deficiencias y corruptelas al interior del Fonafe. Y que este adquiera las características de una corporación en la que primen las bondades de una gerencia moderna y no los lastres de una administración de empleo partidario.

Por último, este flanco débil del Estado tendría que estar igualmente cubierto por un sistema anticorrupción que opere dentro del ámbito público empresarial y administrativo, sea independientemente de la contraloría o como parte de esta, con la misión de cerrarle toda entrada a la corrupción e impunidad rampantes de estos tiempos.