Aquel que lleva años viviendo en un barrio que solía ser tranquilo no tiene la culpa de que el vecino de al lado decida vender su propiedad, que la adquiera una empresa inmobiliaria y que la vieja casa sea echada abajo para dar paso a un edificio de departamentos. Menos aun tiene la culpa de que sus paredes se rajen mientras avanzan las obras en aquel terreno. Pero la historia es frecuente.
Por eso resulta alentador que la Municipalidad de Magdalena haya emitido una ordenanza para garantizar que las constructoras reparen los daños que ocasionen a terceros. La norma las obliga a entregar un informe sobre las condiciones iniciales de las casas contiguas y a asumir las reparaciones que se requieran después. Ahora les toca a otros municipios escuchar a sus vecinos.
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