Concurso para elegir a nuevo contralor no es anticonstitucional

Un amplio respaldo recibió la propuesta del primer ministro Yehude Simon para convocar un concurso público con el propósito de que el Ejecutivo elija una terna de candidatos a contralor de la República.

Al respecto, diversos especialistas en derecho constitucional coincidieron en destacar que la propuesta de Simon abre las puertas a un mecanismo de elección mucho más plural y transparente, el cual permitiría elegir a un profesional independiente y altamente calificado.

El constitucionalista Francisco Eguiguren sostuvo que el Poder Ejecutivo solo establece la manera de hacer su propuesta. "En todo caso es mejor que una decisión unilateral, pues se abre las puertas a otras personas que pueden asumir el cargo por sus méritos e independencia", comentó.

El especialista en derecho constitucional Enrique Bernales explicó, por su parte, que los mecanismos previos que utilice el Ejecutivo para elegir y proponer sus candidatos al Congreso no están prohibidos por la Constitución.

"Está permitido lo que no está expresamente prohibido", anotó.

Según el primer ministro Yehude Simon, la elección del nuevo contralor de la República, que reemplazará a Genaro Matute, se efectuará por concurso público. Una comisión especial elegirá entre una amplia lista de candidatos a cinco de ellos, los cuales serán evaluados luego por el presidente de la República, quien propondrá a tres de los más competentes al Congreso para que sea este poder el que elija finalmente.

Sobre el particular, el cons-titucionalista Samuel Abad aseveró que ello resulta positivo, ya que las propuestas de candidatos a contralor provendrán de una evaluación pública.

El constitucionalista Raúl Ferrero precisó que no hay nada anticonstitucional en que el Poder Ejecutivo proponga ante el Congreso a dos o tres candidatos a la contraloría, previo concurso público. "Eso no lo impide la Constitución", dijo.

EL DATO
Artículo 82 de la Constitución
El contralor general es designado por el Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo, por siete años.