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Caso Valdez: ¿Por qué tardan tanto en atacar la impunidad?

Más que su detención, lo que sorprende en el caso del alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, acusado de encabezar una organización delictiva de lavado de activos y narcotráfico, es la excesiva y sospechosa tardanza en hacerlo.

En el fondo, persiste un arraigado entramado de indolencia por parte de muchas autoridades, lo que promueve un círculo vicioso de impunidad y corrupción. Así, al postergar o desvirtuar la administración de justicia, se desmotiva a los litigantes que legítimamente exigen sus derechos, en tanto que el Poder Judicial se desprestigia aun más, con gravísimo daño para la institucionalidad democrática y el Estado de derecho.

En el caso de Valdez, como antes en el de Zevallos, han tenido que pasar muchos años para llegar a la denuncia y la detención. Ello, a pesar de contundentes evidencias que lo señalan como el autor intelectual del asesinato del periodista Alberto Rivera, quien ventiló sus vínculos con el narcotráfico. El Comercio bregó duramente por el esclarecimiento de este crimen, que aún sigue impune. Y es que por mucho tiempo se permitió que Valdez no solo amasara inmensas fortunas de dudoso origen sino que escaló a importantes cargos públicos como la alcaldía, con lo que ejercía enorme poder para amedrentar a jueces y fiscales.

Afortunadamente, hay instancias y personajes aislados que sí asumen seriamente sus deberes y con quienes la sociedad tiene una enorme deuda. Allí están la procuradora Sonia Medina, la misma que anteriormente tuvo a su cargo la acusación contra otro capo del narcotráfico como Fernando Zevallos, y que ahora ha tomado a cargo la denuncia contra Valdez; la fiscal Luz Loayza; y entidades como la Dirandro y la Unidad de Investigación Financiera, que han sido cruciales en la lucha contra esta lacra.

Pero, reiteramos, se trata de piezas aisladas que trabajan bien, pero que muchas veces se ven impedidas de actuar ya que el resto del engranaje no funciona bien, obstruye su labor, o peor aún, se colude con las mismas mafias delincuenciales, lo que es realmente absurdo, traicionero y malsano.

Esta grave realidad debe ser tomada en cuenta por el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, a la hora de replantear la lucha anticorrupción, que es uno de los graves retos de su gestión. No se trata solo de hacer una reingeniería del sector Interior y del sistema de procuradurías, sino de coordinar estrechamente con las cabezas del Poder Judicial y del Congreso, para que, con estricto respeto de sus autonomías, sean igualmente autocríticas y propongan medidas radicales y efectivas para derribar esas estructuras de impunidad, con firmeza, agendas y plazos impostergables.