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FISCALÍA FORMULÓ DEMANDA POR CUATRO SUPUESTOS DELITOS

Tres extranjeros fueron incluidos en la denuncia

Tercer juzgado anticorrupción tomó el proceso a su cargo. Se mantiene la orden de detención para León Alegría y Quimper Herrera

Por Mario Mejía / Gerardo Caballero

Dieciséis días después de que estallara en la pantalla de televisión el escándalo de los audios que registraban conversaciones sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de lotes para la empresa Discover Petroleum, el fiscal Óscar Zevallos Palomino, titular de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, decidió interponer una denuncia penal contra los implicados en estos actos de corrupción que provocaron la caída del Gabinete de Jorge del Castillo.

La denuncia se sustenta en un voluminoso expediente de siete mil folios que fue entregado ayer en la mesa de partes de los juzgados anticorrupción y que será visto por el Tercer Juzgado que encabeza el juez Jorge Barreto, quien evaluará si abre proceso.

De acuerdo con las evidencias e indicios obtenidos a los largo de dos semanas de agotadora investigación, el fiscal Zevallos resolvió denunciar por el delito de asociación ilícita a Alberto Quimper, Ernesto Arias Schreiber, Fortunato Canaán y al prófugo Rómulo León Alegría.

También formuló denuncia por el presunto delito de corrupción de funcionarios contra los cuatros nombrados así como al ex presidente de Petro-Perú César Gutiérrez, al presidente del directorio de Perú-Petro Daniel Saba, al gerente general de esa empresa Miguel Celi Rivera, a Jostein Kjerstad, presidente de Discover Petroleum, y al mexicano Mario Diaz Lugo.

Otro delito imputado es el tráfico de influencias formulado contra Canaán, Kjerstad y Díaz Lugo. También se ha incluido el delito contra la administración pública --negociación incompatible-- contra cinco miembros del comité de adjudicación de los lotes: Lucio Carrillo Barandearán, Liliana Callirgos, Élmer Martínez, Winston Wusen y José Sebastián Calvo.

Fuentes cercanas a la fiscalía indicaron que Zevallos reunió una amplia información probatoria gracias a las manifestaciones recogidas, la transcripción de los audios, los peritajes, los allanamientos, y el levantamiento de los secretos de comunicación y tributarios.

Tras la denuncia, finaliza su labor el fiscal Zevallos. En adelante se hará cargo del caso la fiscal Juana Meza Peña, de la Tercera Fiscalía Anticorrupción.

Consultado sobre su inclusión en la lista de los demandados, César Gutiérrez manifestó que no podía hablar sobre el tema: "Me mantengo en lo que he señalado, yo he explicado mis razones y que no ha habido perjuicio al Estado, no puedo decir nada más hasta que no reciba la comunicación oficial", afirmó tras indicar que se someterá a lo que disponga el Poder Judicial.

Enterado de la denuncia fiscal, el presidente de la comisión parlamentaria que investiga el Caso Quimper-León, el humalista Daniel Abugattas, dijo que buscará reunirse con el fiscal Zevallos para intercambiar información. El parlamentario remarcó que una vez concluida la etapa de investigación fiscal, la información es pública.

"Si el fiscal ha formulado denuncia es porque ha encontrado indicios más que razonables", expresó Abugattas tras felicitar la labor de Zevallos. La comisión investigadora que fue instalada el lunes de la semana pasada tiene un plazo de 60 días hábiles para presentar su informe.

Ayer también se supo que sigue evaluando abrir investigación por el 'chuponeo' derivado de las conversaciones entre Rómulo León y Alberto Quimper. Desde el jueves pasado se ha mandado copias a la fiscalía penal de turno, la cual será la encargada de investigar el tema.

Recibirían penas de hasta 15 años
Alberto Quimper será trasladado hoy de Requisitorias a la carceleta del Palacio de Justicia y luego a un penal que designará el INPE. Sobre él y los otros implicados penden diversos delitos.

Asociación ilícita
Por este delito la pena es de tres años de prisión como mínimo y de seis años como máximo.

Delito contra la administración pública
La pena de prisión puede fluctuar entre 4 y 6 años.

Corrupción de funcionarios
La pena por este delito varía de tres años de prisión hasta 15.

Tráfico de influencias
La sanción es de 4 años a 8 años para los funcionarios públicos que incurren en este delito.

CRONOLOGÍA
4Más de dos semanas agitadas
[5 de octubre]
El periodista Fernando Rospigliosi da a conocer los audios en el programa "Cuarto poder".

[6 de octubre]
Renuncia el ministro Juan Valdivia y el presidente García pide prisión para las 'ratas'. León dice que espera a las autoridades en su casa y el juez Barreto ordena su detención y la de Quimper.

[7 de octubre]
Quimper se interna en una clínica y es detenido por la policía. Mientras tanto, León sigue prófugo.

[10 de octubre]
El presidente García acepta la renuncia del Gabinete.

[13 de octubre]
Capturan a Arias Schreiber, quien es dejado libre al día siguiente.

[17 de octubre]
El prófugo León dice que no se entrega para evitar un linchamiento político, mientras que el fiscal Zevallos dice que los audios tienen plena validez.

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