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Necesitamos fuentes de energía renovables

Por José Pinto Bazurco B. Abogado en derecho ambiental

En los últimos años se le ha asignado a la energía -- y a su consumo -- un valor contaminante. La protección del ambiente es un tema que tiene soporte moral y económico en personas que suponen que de esta manera están ayudando a hacer algo bueno por el planeta. Una de las manifestaciones más interesantes de este afán es la investigación y uso de tecnologías que producen electricidad a través de fuentes de energía renovable. Las normas que promueven su uso involucran una inversión millonaria y el usuario final es el que cubre los costos de todo esto. Los países que poseen la tecnología tratarán de imponer patrones de conducta no sobre la cantidad, sino sobre la calidad de energía que se produce. Es por esto que merece la pena analizar qué y cuánto estamos haciendo por nuestro planeta y por nosotros mismos, al implementar normas que promueven el uso de fuentes de energía renovable.

En Europa, las energías renovables se empezaron a hacer populares cuando los gobiernos se dieron cuenta de que había maneras de producir electricidad con métodos menos contaminantes. A raíz de alertas, a inicios de los años 90, los lobbies internacionales buscaron que el mundo empiece a considerar que la irresponsabilidad individual frente al ambiente estaba causando estragos, que se traducían en forma de aumento sistemático en la temperatura global. Los países se juntaron en conferencias internacionales, las más importantes fueron en Río de Janeiro (1992) y en Kioto (1997), en donde algunos se pusieron de acuerdo para reducir sus emisiones de CO₂ e intentar poner el freno al calentamiento global.

A la luz de los esfuerzos del Gobierno Peruano de sumarse a la lucha para proteger nuestro ambiente, es necesario fomentar mecanismos jurídicos de promoción del uso de electricidad generada con fuentes de energía renovable, así como de la cooperación internacional para ello.

Tema central de toda normatividad es quién ejerce el control. ¿Sería aceptado que expertos peruanos establezcan reglas y controlen las emisiones en Londres? La realidad apunta más en la dirección de que la normatividad esté acompañada con una dependencia tecnológica y que esta lleve a costos que un país como el Perú tendría dificultades de pagar. Tal error determina un desgaste en la eficacia del sistema jurídico y en la credibilidad de la cooperación internacional.

Por esta misma razón, y para evitar que normas internacionales condicionen nuestros patrones de conducta, es necesario fortalecer una normativa nacional que haga coincidir los intereses del Perú con los estándares internacionales, respetando los intereses de la comunidad internacional, así como los derechos y aspiraciones nacionales.