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Qué contralor buscamos y para qué contraloría

Por: Juan Paredes Castro |

Si hay algún funcionario que ha anunciado con tanta anticipación la expiración de su mandato ese es Genaro Matute, el contralor general de la República.

La gran ironía de este sentido de futuro, aplicado por un experimentado tecnócrata como él, es que su reemplazante es buscado ahora al filo de la expiración del plazo de siete años para el cual fue nombrado.

La otra gran ironía es que esta vez se ha pensado por primera vez en la realización de un concurso para que la propuesta del Gobierno ante el Congreso tenga un mayor peso de calidad y consenso, pero con el inconveniente de que los profesionales convocados a participar en él han tenido que transitar primero un plazo de inscripción cortísimo, de 48 horas, para luego ingresar en otro más cómodo de 15 días, con todas las implicancias perturbadoras iniciales.

Tampoco creemos, por supuesto, que Matute vaya a abandonar el cargo el próximo martes 28, por más estricto apego a la ley y a los plazos que quiera argumentar. Tendrá que comprender que ha habido un ajuste en la dirección del Gabinete Ministerial y que ello ha impedido quizás que las cosas se cumplan con más orden y puntualidad. Es más, la buena idea del concurso de méritos no ha estado acompañada por una correcta administración, de suerte que ha hecho más tensa y angustiosa la espera de una urgente corrección.

Ironías aparte, la tarea de estos días debería consistir en construir una respuesta a la pregunta planteada en el titular de esta columna: qué contralor general buscamos y para qué contraloría, lo que nos lleva a pensar en la necesidad de que tengamos desde ahora muy claro el tipo de institución fiscalizadora capaz de dar la talla en el crecimiento del país.

Si al propio Genaro Matute lo sobrepasó la realidad de un Estado todavía invertebrado y la de su propia institución en permanente colisión con los viejos moldes de gestión pública imperantes, imaginemos por un momento los desafíos de control económico y financiero del Gobierno Central y de los gobiernos regionales y municipales de los próximos siete años.

El Perú requiere marchar hacia un nuevo modelo de contraloría, más moderno y descentralizado y con mayor capacidad técnico-gerencial en sus metodologías para frenar la criminalidad en la administración estatal y en el empresariado público.

Lo que recientemente ha acontecido en empresas del Estado vinculadas con la exploración y explotación de petróleo es una alerta clara de lo que tiene que ser una futura Contraloría de la República, así con mayúsculas.