Por: Juan Paredes Castro
Si de la computadora de la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Elcira Vásquez, fuera posible extraer un diagnóstico promedio del comportamiento de jueces, fiscales y abogados litigantes, concluiríamos en que las reglas de juego dentro de las que todos ellos se mueven, están, por decir lo menos, embrujadas.
De otra manera nadie se explica por qué la administración de la justicia peruana exhibe tantas puertas de salida, entrada y clausura y cómo muchas de ellas oscilan entre lo insólito y el caos, cuando, por ejemplo, el defensor de Magaly Medina, César Nakazaki, echa mano, para liberarla, a un recurso de hábeas corpus en lugar de una correcta apelación a la instancia siguiente, como lo aconsejaban no pocos colegas suyos de escrúpulos legales más afinados.
No es que Nakazaki ignore cuál es, en este caso, la vía adecuada. Ocurre que él es consciente de que también puede obtener lo que quiere simplemente saltándose una regla. No comete falta punitiva alguna. Pero se da el lujo de perder una causa, poniendo de lado una regla que podía servirle mejor.
En la justicia pasa lo que en la arquitectura. Los parámetros estructurales básicos de cimientos, columnas y vigas no pueden alterarse arbitrariamente. Del mismo modo no podemos vivir inventando en el país una nueva manera de hacer justicia cada cierto tiempo.
Un día un juez es removido de una sala sin que nadie le informe de los motivos. No pasa nada. Otro día un fiscal decide acusar sobre la base de una investigación mal hecha. No pasa nada. Hay veces que en que un acto interno de control de la conducta de un vocal es vuelto a fojas cero por el Consejo Nacional de la Magistratura. No pasa nada. Y hay otras en que el Tribunal Constitucional se convierte en una última instancia corriente, como cualquier sala de la Corte Suprema de Justicia. Tampoco pasa nada.
Se trata de reglas de juego (normas, leyes, trámites, procedimientos, jerarquías) que contrastan o se superponen, que se quiebran o anulan rápidamente y que ceden a cambios o presiones todo el tiempo. En tales condiciones, como el arca en el que hasta el justo peca, no sabemos si jueces, fiscales y abogados litigantes responden a esa influencia, constituyen ellos mismos el mayor problema o representan una combinación de ambas cosas.
Eso que aquí podríamos llamar el trípode embrujado de la justicia (jueces, fiscales y abogados litigantes) tiene que ser visto, a la luz de nuestras reglas de juego anárquicas, como un problema por resolver urgentemente en el terreno legislativo y particularmente en el Poder Judicial.
¿Queremos estabilidad económica? Bien. ¡Generemos entonces las condiciones más propicias para la inversión! Solo que estas reclaman una buena política y una buena justicia, de las que, a propósito, carecemos. ¿Qué hacer? ¿Desembrujarlas?