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La inercia de los partidos políticos

Los partidos políticos peruanos tienen que desperezarse y salir de ese imperturbable receso en que se hallan sumidos por voluntad propia, para cumplir la función de representación e intermediación política que constitucionalmente la nación les ha conferido.

La inercia en que han caído las agrupaciones partidarias no es reciente, pero últimamente se ha percibido con total nitidez a propósito de los conflictos sociales desatados en varios puntos del país que, precisamente, no han tenido como protagonistas a los partidos, sino a los llamados frentes regionales.

No estamos ante poca cosa. Esos movimientos no solo se atribuyen la vocería de sus diferentes colectividades regionales, sino que se reconocen como los nuevos grupos de poder, aunque no transparenten objetivos ni metas. En el mejor de los casos, siguen el ejemplo de aquellos pequeños grupos que solo nacen con fines electorales, pero que mueren irremediablemente después de los comicios. En el peor de los casos, surgen para subvertir el orden público, protagonizar y alentar disturbios, para luego desaparecer dejando tras sí un clima de inestabilidad política y enormes pérdidas incluso mortales.

Sin duda, dentro de este confuso panorama, también existen aquellos frentes que sí son verdaderos representantes y voceros de la sociedad civil. No obstante, los partidos no pueden seguir ajenos a los radicalismos de diverso cuño, ni a los caudillismos y 'outsiders' regionales, aunque para eso deben resolver primero los graves vacíos ideológicos que subsumen a sus organizaciones, y que debieron solucionarse después del proceso de desinstitucionalización oprobiosa provocada por el fujimorato.

Hoy basta ver la calidad del debate que predomina en el Congreso para percatarse de la falta de actualización ideológica y de 'aggiornamiento' de las diferentes bancadas. En su lugar, el país es testigo de acuerdos bajo la mesa o de comisiones investigadoras en las que muchas veces no predomina precisamente la investigación previa y documentada.

Las grandes reformas del Congreso siguen pendientes. La Comisión de Constitución y Reglamento Interno del Parlamento aprobó la derogatoria del voto preferencial, pero nada se ha hecho por dictar otras medidas complementarias para instaurar una real democracia interna en las organizaciones partidarias, como la fiscalización de las primarias.

A cinco años de promulgada la Ley de Partidos Políticos, impera la incoherencia en la propia constitución de las organizaciones que no informan con claridad quiénes son sus afiliados e invitados. Tampoco existe un escrupuloso control sobre las fuentes de financiamiento, algo que el Estado debería supervisar considerando que legalmente le corresponde subvencionar a los partidos siempre que existan recursos presupuestales suficientes.

¿Sin embargo, qué hacer con la inercia de partidos en los que no hay una militancia activa ni el ánimo para reestructurarse? En principio, estos deberían empezar por recoger las recomendaciones del Jurado Nacional de Elecciones y de la ONPE para mejorar su organización e imponer la fiscalización y la sanción como herramientas de control que hoy no existen. Ello redundaría en el fortalecimiento de nuestro sistema político, para enfrentar con un coherente discurso democrático a los fantasmas del extremismo, tanto de derecha como de izquierda, y adecentar la función pública frente a la ciudadanía.