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Lo que podría ser el billete mejor invertido

Por: Juan Paredes Castro

El Gobierno se ha impuesto el objetivo de combatir la corrupción. Pero no ha dicho cómo, porque hasta hoy martes 4 de noviembre del 2008, no sabe por dónde comenzar.

El jueves conoceremos una parte del libreto, cuando Yehude Simon vaya al Congreso. La otra parte, la que tiene que ver con la justicia, ya está escrita. Solo que para ser llevada a la práctica requiere el auxilio del Tesoro Público. Ergo: el Gobierno tiene el secreto y la sartén por el mango.

Se trata de la urgencia de implementar el nuevo código procesal penal. Es decir: una manera innovadora de llevar a cabo los juicios. Casi al estilo estadounidense, mediante la acelerada oralidad de cada proceso, lo que naturalmente requiere de sistemas de registro y archivo audiovisuales muy costosos. En suma: toda una inversión imprescindible para poner en pie lo que anda de cabeza. Todo un giro de ciento ochenta grados para devolverle la confianza al primer destinatario de un servicio de justicia de calidad: el ciudadano.

Ni Alan García ni Yehude Simon tendrían que estar dando demasiadas vueltas para ver qué sistema anticorrupción encuentran para hacer pasar por el aro a personajes como Alberto Quimper y Rómulo León. Ya no podrán encontrar ni reconstruir aquel sistema ejemplar que dejó el ex presidente Paniagua. Pero sin ir muy lejos de sus respectivos despachos y con la ayuda de la ministra de Justicia, Rosario Fernández, sabrán perfectamente que la mejor receta para combatir la corrupción pasa por implementar el nuevo Código Procesal Penal.

¿Recién despertamos a esto? No. Pues desde hace tiempo vienen haciéndose experimentos piloto, como los de Huaura y Trujillo. Sorprende, por eso, que el reintegrado presidente de la Corte Superior de Lima, Ángel Romero, tan entusiasmado con el cambio, no esté colaborando últimamente, al exigir condiciones previas que terminarían por agotar la paciencia de quien por ahora tiene las llaves del presupuesto: el ministro de Economía, Luis Valdivieso.

Antes solían tocar las puertas de los ministros de Economía los presidentes de la Corte Superior y de la Corte Suprema. Mañana o pasado mañana García y Simon deben llamar a Valdivieso a una reunión en Palacio o en la PCM para sencillamente fijar una línea de coherencia con el más alto objetivo del Gobierno. No hay manera de enfrentar la corrupción sino con el nuevo Código Procesal Penal.

El billete que Valdivieso ponga al servicio de este objetivo será el mejor invertido de este tiempo. Los juicios orales, rápidos y expeditivos, comenzarán por acabar con la corrupción judicial misma. ¿No es esto extraordinario, de solo imaginarlo?

Valdivieso no tiene que ser sensible ni insensible. Simplemente responsable.