¡Se comieron un cero!

Por: Beatriz Boza

Ayer se publicó una norma que crea la Comisión de Evaluación ad honórem presidida por Richard Webb, que le propondrá al presidente de la República los mejores candidatos para ejercer el cargo de contralor general de la República, en la que se me designa como miembro, junto con el padre Gastón Garatea y Cecilia Blondet. ¿Por qué he aceptado? Por varias razones. Primero, por el papel que puede desempeñar la contraloría como promotora de la excelencia en la gestión estatal. Un sistema de control justo y eficiente nos evita el despilfarro de los escasos recursos estatales y es un antídoto eficaz contra la corrupción, contribuyendo con ello al fortalecimiento del sistema democrático. Hoy, más que nunca, la calidad profesional y humana de quien ocupe el cargo resulta de particular relevancia política.

Además, la contraloría antes de ser el cuco que ahuyenta a los buenos, debería y podría ser el seguro de los miles de peruanos íntegros, responsables y dedicados que trabajan en el Estado. Si queremos funcionarios comprometidos y que se la jueguen a la hora de simplificarnos trámites, ahorrar en las compras, innovar en los servicios del Estado y con capacidad de transformar nuestra realidad, necesitamos que, como cualquier gerente de una empresa cotizada en bolsa, se sientan seguros de poder tomar decisiones oportunas y razonables, sin tener que estar preocupándose además de protegerse de la contraloría, sino que la consideren su mejor aliada. En este siglo, la clave para la reforma del Estado pasa por la reforma de nuestros sistemas de control.

El siguiente contralor estará en el cargo por lo menos durante los siguientes cinco procesos electorales, pues, los siete años de su mandato lo convierten en la figura pública con mayor estabilidad laboral en el país. Por eso es tan oportuna y necesaria la iniciativa del jefe del Gabinete de dotar de la mayor solvencia posible al proceso de selección de los candidatos y no hacerlo a la criolla. Esa apertura me compromete. Y, precisamente, porque quiero contribuir a que el proceso fortalezca una designación de tanta relevancia, condicioné mi aceptación a la razonabilidad de los plazos. Para ello, basta recordar que en la última elección del Tribunal Constitucional el proceso de selección tomó cinco meses y en la de fiscales supremos están por cumplirse cinco meses también. La norma de creación de la comisión debe haberse comido un cero al señalar que el proceso debe concluir en 10 días.