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¿Dónde está el control de daño?

Por: Juan Paredes Castro

Entre su agenda de emergencia de seis pilares y la cercanía cada vez más estrecha de la cumbre del APEC, el presidente Alan García y su primer ministro, Yehude Simon, comprueban, en medio de la dramática ausencia de alternativas, que no hay control de daño efectivo sobre el caso Quimper-León.

Entre tanto, con un Alberto Quimper abocado a las artimañas de acogerse a la colaboración eficaz (capaz de vender a los demás mercaderes del templo como lo hizo la Pinchi Pinchi con los socios de Vladimiro Montesinos) y con un Rómulo León maniobrando desde la clandestinidad una entrega negociada a la justicia, que solo aquí puede permitírsele, el país arde en rumores, intrigas, especulaciones y temores, en el mayor desvío de la atención pública que hayamos vivido en los últimos tiempos respecto de los temas nacionales e internacionales de fondo.

Alguien se preguntaría: ¿a qué control de daño contra el Gobierno y el Estado aspirarían García y Simon en un país como el nuestro en el que los canales de fiscalización y defensa legal internos son ineficientes y los otros de investigación fiscal y parlamentaria escasamente confiables?

Antes que una filtración incompleta y malsana de las fuentes del Congreso o del Ministerio Público, que supuestamente investigan el caso Quimper-León, ponga cosas fuera de contexto, la publicación de la carta completa que en mayo de este año dirigió Rómulo León a Alan García, insistiendo por enésima vez en una cita nunca concedida, revela no solo la decisión presidencial de mantener alejado y excluido al ex ministro aprista de toda relación con el Gobierno y la casa de Pizarro, sino una manera particular y legítima de ejercer el control de daño a través de los medios de comunicación, en la medida que los canales fiscales, judiciales y parlamentarios formales encargados de hacerlo se han vuelto proclives al escándalo y a la impunidad.

Estamos aún a tiempo para desplegar una rápida acción de Estado en defensa de la agenda política, económica y social central del país, poniendo el control de daño del caso Quimper-León en manos del Gobierno, Ministerio Público, Congreso y Poder Judicial, pero con una básica exigencia de resultados coordinados y eficaces.

Si institucionalmente no hemos aprendido como país a tener un dominio de nuestros controles de daño necesarios, frente a la corrupción, por lo menos, intentemos abrirnos paso con algunas alternativas de contingencia maduras y firmes, como las que empleó Valentín Paniagua, para no poner al país en el ridículo de soportar a tanto gánster suelto o prófugo.

¿Dónde están los controles de daño? No están. ¡Pero hay que inventarlos ahora mismo!