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TC: por aire limpio y sin vehículos contaminantes

Como era justo y previsible, el Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado la absurda acción de amparo interpuesta por la empresa World Cars Import, que pretendía seguir ingresando ilegalmente al país autos usados y sin considerar el grave daño que se causa al ecosistema.

En la perspectiva jurídica y comercial, este tipo de importaciones afecta al país, pues genera competencia desleal frente a quienes comercializan vehículos nuevos y con garantías. Además, el ingreso indiscriminado de vehículos de segunda mano es fuente primaria de contaminación, accidentes y saturación del parque automotor, en un círculo vicioso que debemos parar.

Hoy, gracias al sensato fallo de los magistrados constitucionales, termina una aciaga historia que se inició el año pasado cuando El Comercio denunció que la mencionada compañía intentaba saltarse a la garrocha la normatividad vigente para importar 28 mil vehículos que no cumplían las regulaciones , para lo cual utilizaba un RUC emitido en una fecha inapropiada.

Cierto es que se trata de un caso particular, pero no debemos soslayar que detrás de esta ilegal práctica existe todo un entramado no solo de lobbies informales en las aduanas y otras dependencias estatales, sino también intervenciones corruptas de algunos malos jueces que perforaban la ley vigente admitiendo amparos totalmente improcedentes de algunos importadores. A todo lo cual se suma la actitud necia y hasta cómplice de ciertos congresistas que intentaron respaldar a aquellos importadores.

De modo, pues, que la decisión del TC marca un firme precedente para garantizar el respeto a la ley y desechar cualquier interpretación antojadiza o sospechosa de cualquier funcionario o magistrado. En este sentido debe ponderarse las normas ministeriales que no vulneran el principio de irretroactividad ni el derecho a la libre contratación y al trabajo.

Más aun, es saludable y revelador que, aparte de corroborar la constitucionalidad de las leyes, el TC vaya mucho más allá, al hacer hincapié en la necesidad de políticas públicas dirigidas a la protección y conservación del medio ambiente. Es lo que denominan la Constitución Ecológica, entendida como "el conjunto de disposiciones que fija las relaciones entre el individuo, la sociedad y el medio ambiente, invitando no solo a la comunidad jurídica sino además a la sociedad civil a tomar conciencia sobre la real situación que vivimos en calidad de contribuyentes sociales".

Después de este hito de jurisprudencia no puede haber retroceso en la sana tendencia a preservar el medio ambiente, cuyo mayor contaminador es el obsoleto parque automotor, sobre todo los vehículos de segunda de transporte público. Por lo mismo cualquier plan de reordenamiento urbano y de tránsito debe incluir la racionalización de rutas, en la que se dé prioridad a vehículos amplios, nuevos y activados por gas natural. De por medio está la seguridad, pero también la salud de millones de ciudadanos, pasajeros y no pasajeros, que se ven afectados por los altísimos niveles de contaminación que soporta Lima.