Enviar

¿Una receta antiespionaje o una broma?

Por: Juan Paredes Castro

No sabemos si el ministro del Interior, Remigio Hernani, ha querido ponerle una dosis de humor al irremediable mal del espionaje en el Perú o es que cree haber encontrado la mejor receta para evitarlo o curarlo.

Como consideramos que el ministro no está para hacer bromas, por lo menos mientras el ex ministro aprista Rómulo León siga prófugo, detengámonos por un momento en la posibilidad de qué es lo que pasaría si los peruanos atendiéramos su recomendación de simplemente no tratar asuntos importantes cada vez que conversemos por teléfono o de que encriptemos nuestros aparatos celulares.

Se produciría, por cierto, la renuncia tácita a la libertad de nuestras comunicaciones y al derecho constitucional de reserva y secreto de estas mismas.

¿Tendríamos que haber llegado a la avanzada era de la comunicación digital y al desarrollo político, social, cultural y económico que la acompaña, para ver restringido su contenido a las cosas más simples de la vida?

Muchas de las grandes transacciones comerciales y financieras se paralizarían, los contactos y citas entre los líderes del mundo entrarían en colapso y, para colmo, la paranoia pública crecería en niveles intolerables.

Algo más: la restricción de los contenidos de las conversaciones telefónicas a lo meramente telegráfico, habiendo obviado todo lo relevante, y su traslado hacia el correo electrónico terminarían por llevarnos al peor e inimaginable de los oscurantismos.

Para poner un ejemplo, si un ministro, como el propio Hernani, decide no hablar "cosas importantes" para asegurarse de no caer en las redes del chuponeo, tendría que reconocer el estado minusválido de sus funciones, pues buena parte de las decisiones de gobierno se procesa o se toma mediante la vía moderna de la telefonía fija y la celular.

Quizás Hernani ha querido decir, en el fondo, que los ministros se cuiden de tratar por teléfono con lobbistas u otros personajes oscuros, porque de lo que se trata no es solo de que los lobbistas acaten la ley de transparencia de sus actos, sino que los más altos funcionarios y dignatarios tengan puntuales y fiscalizables restricciones para pactar contratos o acuerdos entre el Estado y las empresas privadas nacionales e internacionales.

La ley cuadra a los lobbistas. Bien. La pregunta es qué ley cuadra a los ministros frente a los lobbistas.

Finalmente, esperemos no llegar a ver por ahí una propuesta de enmienda constitucional capaz de mediatizar el derecho al secreto de las comunicaciones, mediante el argumento de considerarlo nulo cada vez que las conversaciones aborden "asuntos importantes".

¿No será que nuestras autoridades sienten que han perdido la batalla contra el 'chuponeo' o que no la quieren librar de verdad?