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Nuevo contralor: con transparencia y sin politiquería

Sumamente difícil, pero trascendental, es el encargo de la comisión evaluadora que debe proponer al presidente Alan García a cinco candidatos, luego de lo cual corresponderá al Congreso tomar la decisión final de elegir, de entre ellos, al nuevo contralor general de la República.

Ante todo, llama la atención la cortedad de los plazos, que ya antes tuvieron que ser ampliados. Ahora quedan solo cinco días, de un plazo de diez, para estudiar a fondo las más de cien candidaturas, lo que constituye una ardua empresa.

Del otro lado, sin embargo, debemos reconocer tanto la calidad personal y profesional de los evaluadores, como la apertura y receptividad para dejar de lado el secretismo inicial del proceso. Ahora todos los currículum han sido publicados en la web, lo que, además de ser una saludable muestra de transparencia, servirá para que los ciudadanos expresen sus opiniones sobre la trayectoria de los candidatos.

El objetivo, finalmente, es que el elegido sea un profesional de reconocida independencia política y trayectoria ética. Eso es lo que deben considerar primariamente los miembros de la comisión, el Gobierno y también el Congreso de la República.

En la delicada coyuntura actual, cuando la lucha contra la corrupción aparece en el primer lugar de las preocupaciones ciudadanas, la elección del nuevo contralor tiene que marcar un punto de quiebre en la manera de seleccionar a los responsables de las entidades reguladoras, contraloras o con autonomía constitucional.

Lo que tiene que evitarse, a toda costa, es que se politice este proceso, como sucedió antes, de modo lamentable, con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo. Allí algunas bancadas entraron en sospechosos negociados tras bambalinas con gravísimo daño a la institucionalidad democrática.

Debemos entender que se trata de la autoridad máxima en la fiscalización y control de la gestión de recursos en el amplísimo y complicado aparato estatal, por lo que no puede tener ningún compromiso o militancia política. Se excluye aquí a los militantes apristas, pero también a los de la oposición, que podrían dar prioridad a sus agendas partidarias antes que a los legítimos intereses de la nación.

Igualmente, tiene que ser un profesional con la autoridad y el 'expertise' técnico para formar un equipo que pueda entender los recovecos del Estado, las maneras en que algunos malinterpretan la ley para burlarla y proceder luego a denunciar administrativa y penalmente a los inescrupulosos. Más aún, el nuevo contralor debería proponer los cambios legales y estructurales necesarios para hacer más eficiente como limpia la gestión estatal, prevenir desórdenes y castigar de una manera ejemplar a los corruptos.

Hay que predicar con el ejemplo. La elección del nuevo contralor se ha convertido, entonces, en una prueba ácida para que el Gobierno demuestre su nivel de compromiso en la lucha contra la corrupción, como lo exige clamorosamente la mayoría ciudadana.