Instalan comisión que analizará caso de Lastay

Con la promesa de realizar un trabajo imparcial, ayer se instaló en la ciudad de Jauja la comisión multisectorial de alto nivel que, en un plazo de treinta días, decidirá si se construye en el anexo de Lastay una planta de tratamiento de residuos sólidos. Esta situación , como se recuerda, mantiene enfrentadas a las provincias de Huancayo y Concepción.

El grupo de trabajo es presidido por el ministro de Salud, Óscar Ugarte, y está compuesto por la viceministra del Ambiente, Ana María Gonzales; la representante de la Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ninoska Mosqueira; el titular de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), Javier Fernández Campanella; el presidente regional de Junín, Vladimiro Huaroc Portocarrero, y los alcaldes de las provincias de Concepción, Óscar Berríos Fuentes, y de Huancayo, Fredy Arana Velarde. También fue integrado como observador el defensor del Pueblo de Junín, Rodolfo Ibarra.

Al instalar la comisión, el ministro de Salud manifestó que el grupo tendrá la responsabilidad de evaluar la viabilidad de la construcción de la planta de tratamiento y disposición final de residuos sólidos de Lastay, según lo dictamina el artículo 1 del Decreto Supremo 321.

A su turno, el presidente regional de Junín, Vladimiro Huaroc, manifestó que la comisión se formó por voluntad de los alcaldes de Concepción y Huancayo. Asimismo, indicó que estos se han comprometido a respetar el veredicto que tome el grupo formado la semana pasada.

Tras la presentación e instalación de la comisión, sus integrantes se reunieron en privado para definir la agenda y actividades que realizarán dentro de los próximos treinta días en los que deben definir si se edifica la planta de residuos sólidos.

TOMAN LOCAL
Mientras se instalaba la comisión multisectorial de alto nivel en Jauja, pobladores de la provincia de Concepción tomaron el local municipal del distrito de Quichuay en busca del alcalde Gonzalo Párraga Camarena, a quien acusan de ser el culpable de haber otorgado la licencia para construir la planta de tratamiento en Lastay. Aunque no lo hallaron, se apoderaron del lugar sin causar daños.

Posteriormente, se supo que el burgomaestre había huido con destino desconocido, debido a que ya había recibido amenazas de muerte.