Por: Juan Paredes Castro
Uno de los mensajes transmitidos por el Gobierno del Japón a su similar del Perú en el marco de la reciente cumbre del APEC es que sus flujos de inversión dejarían de ser para nosotros un sueño demasiado remoto para convertirse en una posibilidad cercana y viable.
Alguna vez fui testigo, en el mismo Tokio, de la ironía que representaba entonces un gobierno como el de Alberto Fujimori, que, con todos los esfuerzos que hacía, incluida su condición de origen, para ganarse a la masa más graneada del empresariado japonés, nunca pudo arrancar a esta la decisión de invertir en el Perú.
Recién ahora último, a raíz de la desfujimorización de las relaciones bilaterales, ha salido a luz la motivación de fondo: Japón decidió congelar sus proyectos de inversión en el Perú a causa del autogolpe de abril de 1992, cuando el régimen de Fujimori, que había nacido de las urnas, democráticamente, dio un brusco giro de timón hacia un cada vez más abierto autoritarismo que finalmente terminaría asumiendo los mecanismos de corrupción y de violación de los derechos humanos que el entonces asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos incorporaría al proyecto de extendido reeleccionismo de ese tiempo.
El Gobierno y el empresariado japonés tuvieron pretextos y disculpas más diplomáticas que reales que, sin duda, el propio Fujimori tomaba con reservas. Solían decirle que Japón no podía invertir allí donde hubiera focos de violencia terrorista. Abonaba ese criterio el hecho de que algunas misiones japonesas fueron blancos criminales de Sendero Luminoso. Y ni hablar de la toma de la embajada japonesa en el Perú y la historia conocida de los rehenes en manos del MRTA. El otro argumento era que Japón prefería concentrar sus mayores inversiones en el área asiática, donde irónicamente muchos de los regímenes receptores de esa inversión tampoco eran democráticos.
¿Qué hace que una fuente tan potencial de inversiones como la japonesa exija condiciones democráticas en un país sudamericano como el Perú y no en otro asiático como, por ejemplo, Malasia? Esta dicotomía, más que reflejar una ironía más, correspondería a la evaluación de otros factores como el hecho de que la ausencia de democracia en los países latinoamericanos constituye un seguro fermento de inestabilidad política, cosa que no sería el caso de las naciones asiáticas, donde la ausencia de democracia, como, digamos en China, no acarrea necesariamente inestabilidad política, por lo menos a corto y mediano plazos.
El hecho cierto es que Japón habría ya decidido invertir en el Perú sobre la base de una evaluación política de estricto rigor: la existencia de democracia. Así de simple, como para poner a pensar a Keiko Fujimori.