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Donayre y la pendiente reestructuración de las FF.AA.

Las infelices e impertinentes expresiones del general Edwin Donayre sobre los chilenos, que aparecen en un video publicado en Internet, han sido la gota que colmó el vaso de una conducta criticable y poco decorosa que ha significado un retroceso en la pendiente reestructuración de las Fuerzas Armadas, y en particular del Ejército, instituciones tutelares de la peruanidad que merecen todo respeto.

Afortunadamente, la rápida reacción de nuestra cancillería y del propio presidente Alan García, quien llamó de inmediato a su par chilena, Michelle Bachelet, para ofrecerle las disculpas y explicaciones necesarias, han llevado a que el asunto se dé por zanjado. Se ha evitado así daños mayores en una relación bilateral actualmente saludable y de enorme potencial económico e integrador, pero que ha requerido un arduo trabajo diplomático en los últimos años.

Sin embargo, las cosas no pueden quedar allí. De inmediato, como se ha anunciado, el Gobierno debe proceder a destituir a Donayre y, dentro de lo que estipulan y permiten el reglamento y el escalafón, proceder al nombramiento de un oficial que esté a la altura del cargo y de las responsabilidades inherentes al mismo.

Lo innegable es que la gestión de Donayre como comandante general del Ejército estaba mellando lastimosamente no solo la imagen de las Fuerzas Armadas, sino también había trabado la crucial reforma del propio Ejército.

Era ya insufrible su conducta chabacana y hasta ridícula, que no diferenciaba los actos informales de los formales, lo que restaba autoridad y respeto al alto cargo y a la propia institución militar. Y no solo por su peculiar sentido del humor, sino también por otros actos controvertidos como trotar con la bandera en el desfile militar, por encima del protocolo y del reglamento concerniente a los símbolos.

Todo ello le valió el rechazo de los ex comandantes generales en un comunicado público, lo que es un hecho inusual y extremo que no podemos soslayar.

A más de eso, es grave la denuncia que lo involucra en el tráfico de combustibles en el Ejército. En torno a ello ha sido criticable su reiterada resistencia a ponerse a derecho, pues solo ante la presión de la prensa y de la opinión pública acudió a responder ante la fiscalía.

A todo ello habría que agregar que su gestión ha dejado de lado la iniciativa en el delicado tema del sinceramiento de sueldos militares, que es parte crucial de la política de transparencia que el Gobierno tiene que retomar decididamente con el nombramiento del nuevo comandante. La reforma castrense, su recuperación material y el fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas son parte fundamental de la gobernabilidad democrática que no podemos descuidar.