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Homologación de sueldos debe alcanzar a técnicos del Estado

Por Gino Piaggio

Diversos especialistas dijeron ayer que el decreto de urgencia que homologa el sueldo de los ministros del Estado con el que perciben los parlamentarios ha sido una medida bastante saludable. Sin embargo, consideran que ha dejado de lado a muchísimos funcionarios públicos, al contemplar solo a los integrantes del Gabinete Ministerial.

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jaime Cáceres Sayán, respaldó la norma e indicó que "los ministros, a diferencia de los congresistas, no son elegidos por elección popular, sino que son contratados por el Poder Ejecutivo para hacerse cargo de los sectores claves del país".

Dijo esperar que dicha medida se haga extensiva a los profesionales técnicos que trabajan en puestos claves del Estado, "sobre todo en esta coyuntura, en la que se requiere la participación de los profesionales más calificados para enfrentar la crisis financiera internacional".

Por su parte Beatriz Boza, presidenta de Ciudadanos Al Día (CAD), sostuvo que el decreto en cuestión captará la atención de profesionales altamente calificados que quizá se animen a prestar sus servicios como ministros de Estado de manera más estable, y no solo por unos cuantos meses.

No obstante, apuntó: "Creo que una norma semejante ha debido aplicarse para las altas autoridades, comenzando por aquellas que han sido democráticamente elegidas, como los presidentes regionales; y para los organismos constitucionalmente autónomos, como la Defensoría del Pueblo".

Similar fue la opinión del economista Richard Webb, quien consideró que "la norma va a hacer que muchos de los profesionales de primer nivel que antes se negaban a ocupar los cargos ministeriales ahora se sientan tentados. Mientras que otros cargos también importantes en el sector público continuarán siendo ignorados".

Quien no tuvo nada bueno que decir respecto al decreto fue el laboralista Jorge Toyama, al sostener que debió darse a nivel de todo el sector público y, a su vez, privilegiar el incremento de remuneraciones para los técnicos del Estado.

"Hace poco más de dos años el Gobierno puso topes salariales que redujeron notablemente los sueldos de los profesionales en el Estado. Esto generó una huida de talentos hacia el sector privado o al exterior. Hoy un técnico no puede ganar más de S/.12.000. Eso, para alguien que tiene un posgrado en el exterior, domina idiomas, etc. no es un sueldo atractivo", resaltó.

NORMA EN 'PARCHE'
Toyama indicó que lo que debería promulgarse es una norma general sobre salarios en el Estado debido a que la estructura salarial en el Estado es dispersa, inorgánica y también carece de coherencia.

"Existen más de 30 estructuras salariales. En realidad ese es el problema de fondo. Han pasado más de 25 años y solamente tenemos normas 'parche' en temas salariales. Debería haber una sola escala salarial general", explicó.

NO AFECTARÁ PRESUPUESTO
Ante las diversas críticas que ha suscitado el decreto en cuestión, el ministro del Ambiente, Antonio Brack, descartó que pueda afectar el presupuesto general y la ejecución de los programas de ayuda social del Estado.

"Esta norma ha sido una iniciativa del presidente de la República, Alan García (...) Ser ministro es estar dedicado las 24 horas del día al servicio del Estado, de modo que no se puede tener ningún otro ingreso adicional. Además de este modo se evitará que algunos ministros, que tenían atractivas ofertas de trabajo en el sector privado, dejen el Gabinete Ministerial", comentó.

Autoridad Nacional del Servicio Civil
El presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, Humberto Falla (Apra), señaló que así como se ha aumentado el sueldo de los ministros, más adelante debería hacerse lo mismo con el sueldo de los técnicos del Estado.

Sin embargo, recordó que a mediados del año pasado, mediante un decreto legislativo, se aprobó la creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), órgano técnico de gestión de los recursos humanos del Estado.

"El sector público no otorga una buena remuneración. No existe un estímulo para que la gente permanezca trabajando en él. Sin embargo, el año pasado se promulgó la norma que crea Servir, órgano que está autorizado para contratar a personas calificadas que trabajen en la administración pública, y pagarles por encima incluso de los niveles actualmente homologados para los altos funcionarios del Estado", explicó.

Falla indicó que muchos técnicos del Estado estaban emigrando al sector privado y por eso se ha concebido la posibilidad de, excepcionalmente y dentro de la política de austeridad que vive el país, contratar personal por remuneraciones mayores a las establecidas.

No obstante el tribunal de Servir, encargado de resolver los conflictos laborales que pudieran surgir entre el Estado y sus trabajadores, recién empezará a funcionar a fines de este año.