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Incertidumbre tarifaria generó poca asistencia a plantas de revisiones

Por Fabiola Torres López

Luego de once meses y con una cuestionada alza de 22 soles en las tarifas, Lidercon Perú reabrió ayer las puertas de sus dos plantas de revisiones técnicas vehiculares, ubicadas en San Martín de Porres (norte) y Villa El Salvador (sur). Aunque ambos locales pueden atender 3.500 vehículos por día, hasta las cinco de la tarde de ayer no se recibió ni la décima parte, quizá por el aún confuso panorama tarifario del servicio. El 85% de los vehículos inspeccionados, cuya placa terminaba en cero, pasó la prueba.

Se esperaba que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) despejara las dudas sobre la legalidad del incremento de las tarifas, pero no lo hizo.

Julio César Chávez, jefe de la Dirección General de Circulación Terrestre del MTC, aseguró ayer que el ministerio respetaba el contrato de concesión y el acuerdo de conciliación que firmaron anteriormente Lidercon Perú y la Municipalidad de Lima. Contradictoriamente, durante una sorpresiva inspección realizada a la planta sur, Chávez declaró que el MTC esperará a que el concejo limeño y la empresa le informen si los acuerdos del texto conciliatorio seguían vigentes para recién juzgar si son legales o no las nuevas tarifas.

El acuerdo de conciliación fijaba tarifas promocionales durante los tres primeros años de funcionamiento de las plantas de revisiones técnicas de Lidercon Perú. Por ejemplo a los vehículos ligeros el primer año se les cobraría 14 dólares, el segundo 16 y el tercero 18 (sin IGV). Pero la empresa desconoció dicho acuerdo y ayer cobró 20 dólares más IGV a los autos livianos. Los otros tipos de vehículos debieron pagar incrementos similares.

ACUERDO CONDICIONADO
Raúl Barrios, representante legal y vicepresidente de Lidercon Perú, reconoció ayer que aunque el texto conciliatorio era un documento vigente, la empresa no aplicaba el acuerdo sobre tarifas promocionales porque este se encontraba condicionado a la apertura de cuatro plantas de revisiones. Este Diario leyó el acuerdo conciliatorio y no encontró texto alguno que estableciera condiciones para las tarifas de promoción. Los abogados Alfredo Soria, Rómulo Morales Hervias y Marco Tulio Gutiérrez coincidieron en señalar que el incremento tarifario sería ilegal en tanto no hubiera un acuerdo con las condiciones descritas.

Aunque el MTC le pidió explicaciones a la Municipalidad de Lima, el teniente alcalde Marco Parra dijo ayer que la comuna limeña ya nada tenía que ver en este asunto y todo era competencia del ministerio.

Sobre el problema tarifario, el Indecopi no se pronunció ayer pese a que se lo solicitamos. Las que sí reaccionaron fueron las asociaciones civiles que protegen a los consumidores. Crisólogo Cáceres, vicepresidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), consideró el problema de las tarifas una consecuencia del monopolio que tiene Lidercon en Lima.

Por su parte Héctor Plate Cánepa, presidente del Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu), dijo que aunque las inspecciones técnicas vehiculares son una urgente necesidad en el país para evitar accidentes de tránsito, no se puede permitir abusos en las tarifas.

PNP aguarda la orden para intervenir
¿Cuál es el sentido de pasar una revisión técnica? Todos los conductores del país lo saben: un parque automotor en buen estado representa menos riesgos de accidentes de tránsito y menos contaminación ambiental.

¿Qué sucedería con los vehículos que no pasaron la revisión técnica? La policía podría aplicar un artículo del Reglamento Nacional de Tránsito que desde hace varios años no se pone en práctica: retener el vehículo que no ha sido revisado en una planta autorizada e imponer una multa. Sin embargo, en las actuales condiciones, todavía no hay claridad sobre el inicio de las verificaciones que tendría a su cargo la policía.

Aunque Raúl Barrios, vicepresidente de Lidercon Perú, dijo que a partir de marzo de este año la policía debería detener a los vehículos (número de placa finalizada en cero) que no pasaron la revisión técnica en el plazo establecido, ni el MTC ni la Policía de Tránsito lo confirmaron.

Pero hay una llanta baja: todavía no se designa al nuevo jefe de la Policía de Tránsito. El jefe saliente, coronel Carlos Vega García, no tiene capacidad para fiscalizar los vehículos. "Todavía no se ha definido la fecha para que la PNP intervenga. Esperaremos a que se pongan de acuerdo el Ministerio de Transportes y Lidercon", dijeron fuentes policiales consultadas por este Diario.

DEL CONSULTOR
Tarifas acordadas  deben respetarse*
Según el Código Civil, un acuerdo conciliatorio, en su calidad de contrato, es obligatorio en cuanto se haya expresado en el mismo. Por ello, contractualmente Lidercon se encuentra obligada a respetar las tarifas promocionales convenidas a través del acuerdo conciliatorio suscrito con la Municipalidad de Lima y luego transferido al MTC.

Para los dos primeros años, dichas tarifas resultan exigibles desde el inicio de la operación simultánea de las plantas de San Martín de Porres y Villa El Salvador. Por ejemplo la tarifa aplicable para el caso de los vehículos livianos es de US$14 más IGV para el primer año, mientras que para el segundo año, la tarifa aplicable es de US$16 más IGV.

Las tarifas de los dos primeros años no están sujetas a condicionamiento alguno. La exigencia de Lidercon de un monto distinto al pactado implicaría un incumplimiento del acuerdo. Esto habilitaría al MTC a ejercer todos los derechos que como acreedor le corresponden como la posibilidad de resolver el contrato, la facultad de ejecutar forzosamente la obligación, la indemnización por los daños y perjuicios, entre otros. Solo la tarifa promocional del tercer año (US$18 más IGV para el caso de vehículos livianos) fue establecida bajo condición. Esta consiste en que se verifique que durante el segundo año de operaciones se haya realizado como mínimo el 60% de las inspecciones previstas para el total del parque automotor.
*ALFREDO SORIA AGUILAR. Abogado especialista en contratos. Universidad Católica

LAS CIFRAS
1'350.000
vehículos están registrados en el país, pero no se conoce cuántos de ellos han sido dados de baja porque la mayoría de propietarios no actualiza sus datos en la Sunarp.

17
años de antigüedad tienen --en promedio-- los vehículos que circulan en el país.