Empresa violentó comunicaciones hasta los primeros días de enero

Por Óscar Castilla C. / Miguel Ramírez. Unidad de Investigación

Los marinos en actividad y en retiro de la empresa de seguridad Business Track S.A.C. (BTR) interceptaron ilícitamente las comunicaciones de un número indeterminado de personas hasta la primera semana de enero, a pesar del escándalo desatado por la difusión de los llamados 'petroaudios' en octubre del año pasado y sin imaginar que ya estaban siendo vigilados por agentes de la Dirección Antidrogas de la Policía (Dirandro) y fiscales especializados.

Estos y otros detalles están plasmados en el atestado policial y en la denuncia 001-09 que formuló ayer la Tercera Fiscalía contra el Crimen Organizado, a cargo de Walter Milla López, en contra de 8 personas por los delitos de interceptación telefónica y asociación ilícita para delinquir.

Los implicados son el capitán de navío (r) Elías Ponce Feijoo, el capitán de fragata (r) Carlos Tomasio de Lambarri, Giselle Giannotti Grados (directivos de Business Track), Martín Fernández Virhuez y Jesús Ojeda Angles (oficiales de mar de inteligencia naval), el técnico supervisor (r) Jesús Tirado Seguín, y los civiles Alberto Salas Cortez y Pablo Martell Espinoza.

La fiscalía concluyó que la empresa "trabajaba" al mejor postor y que incluso contaba con un tarifario que especificaba los costos del 'chuponeo', servicio que ofrecía en paralelo con otros que brindaba de manera lícita.

Según un documento hallado en la casa de Tomasio, se pedía US$10.000 por violentar celulares de Telefónica, US$4.000 por celulares de Bell South, US$2.000 por escuchar teléfonos fijos y entre US$2.500 y US$30.000 por interceptar correos electrónicos y extraer discos duros vía Internet.

EL CASO 'PETROAUDIOS'
Según información proporcionada por Martín Fernández Virhuez, la interceptación en el caso de los 'petroaudios' (referido a la adjudicación de cinco lotes petroleros a la empresa noruega Discover Petroleum) empezó entre febrero y marzo del 2008.

El propio Fernández contactó con dos civiles para que 'chuponearan' a Rómulo León y Alberto Quimper (ver nota abajo).

En diciembre último, Fernández fue llamado por Ponce Feijoo para que realizara la interceptación de dos celulares. Inició la tarea, pero no la acabó porque fue detenido el 8 de enero último.

Lo curioso es que Fernández reconoció que siguió 'chuponeando' pese a que tuvo un fuerte altercado con Ponce Feijoo.

"Al día siguiente de la revelación de los 'petroaudios' (el 5 de octubre, en el programa "Cuarto poder"), Fernández Virhuez se dirigió a Business Track y le recriminó a Ponce: 'No es así, señor. Con lo que usted ha hecho me está causando un gran daño a mí y a mi familia'", se cuenta en la denuncia fiscal. Según este documento, Ponce le contestó: "A esta cojuda se le pasó", en alusión a que Giselle Giannotti había filtrado los 'petroaudios'.

VÍCTIMAS DE ESPIONAJE
Ahora se sabe, tras las indagaciones que empezaron en octubre del 2008, que Rómulo León y Alberto Quimper figuran entre los primeros 'chuponeados' por Business Track, así como los personajes que estuvieron cerca de sus tratativas. Sin embargo, la fiscalía tiene en sus manos una larga lista de víctimas que no guardan relación con los 'petroaudios'.

Esta información se descubrió en los discos duros incautados y coincide con la revelada por un civil que laboró en inteligencia naval y que se acogió a la colaboración eficaz.

La versión ha sido ratificada por Fernández Virhuez, Ojeda Angles y Tirado Seguín, quienes se han acogido a la figura de la confesión sincera.

Otro detalle que llamó la atención en la denuncia fiscal fue la referencia al periodista Pablo O'Brien. Allí se dice que el 6 de enero, dos días antes de las detenciones del personal de Business Track, el hombre de prensa entregó a Giannotti 4 USB que luego la Dirandro halló en el domicilio de la mujer.

Esta versión fue confirmada por O'Brien, quien hasta ahora solo ha dicho de forma escrita que le entregó este material para que "los analizara y diera su opinión técnica sobre la veracidad y autenticidad, ya que es una reconocida analista".

Fiscal pide 90 días más para investigar*
En la denuncia penal entablada por el fiscal Walter Milla ante el Juzgado Penal 15 de Lima, a cargo de Edwin Yalico, se solicitó autorización para ampliar a "90 días perentorios" las investigaciones de los agentes de la Dirandro sobre el caso.

La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, explicó que esta solicitud se justifica porque solo se ha analizado una parte mínima del material incautado.

"Nos falta trabajar un 92%", dijo tras agregar que si lograban la autorización, al final de la investigación se podría ampliar la denuncia con más personas que resultasen responsables.

Especialistas consultados indicaron que ese pedido no procedería, pues de acuerdo con el Código Procesal Penal vigente, una vez que el juez abre instrucción la investigación la lleva adelante este magistrado y no puede haber una investigación fiscal y policial paralela.

Los abogados de los acusados consideraron grave que Echaíz haya dicho que solo se investigó el 8% del material y que en base a esto se haya entablado una denuncia penal.

Al cierre de esta edición no se pudo confirmar si el juez Yalico abrió proceso penal contra los acusados, aunque fuentes judiciales dijeron que su resolución estaría orientada en ese sentido; es decir, iba a considerar los delitos de asociación ilícita para delinquir e interceptación telefónica. Por el primero la pena máxima es de seis años de cárcel y por el segundo, tres. También se dictaría mandato de detención contra los implicados.
*  Mario Mejía H.

Los interceptados
La fiscalía reveló los nombres de siete personas y un bufete 'chuponeados', pero serían más los interceptados.

1. Rómulo León Alegría (ex ministro)

2. Alberto Quimper Herrera (ex directivo de Perú Petro)

3. Alberto Fortunato Marcos Ortega (caricaturista)

4. Roberto Enrique Paredes Chirinos (directivo de cementera Otorongo)

5. José María Revilla López  (directivo de cementera Otorongo)

6. Remigio Morales Bermúdez Pedraglio (ex ministro)

7. Elizabeth Schwarz de Acha de Olcese (empresaria)

8. Estudio Aurelio García Sayán

9. Allan Wagner Tizón (ex ministro)

10. Ántero Flores-Aráoz (ministro de Defensa)

11. Pedro Pablo Kuczynski  (ex primer ministro)

12. Cecilia Blume Cillóniz (ex jefa de asesores del Ministerio de Economía)

13. Javier Pérez de Cuéllar (embajador y ex primer ministro)

14. Abel Salinas (hijo de ex ministro)

15. Luis Nava Guibert (secretario de la Presidencia)

16. José Miguel Morales (ex presidente de la Confiep)

17. Fortunato Canaán  (empresario dominicano)

18. Luis Duilio de Santis (empresario)

CRONOLOGÍA
[8/1/2009]
La fiscalía y la Dirandro detienen a seis personas vinculadas con la empresa Business Track S.A.C. que se dedican a interceptar comunicaciones.

[13/1/2009]
Se descubre y allana un puesto de escucha clandestino de Business Track en el Cercado de Lima.

[14/1/2009]
El juez Edwin Yalico Contreras autoriza el deslacrado y análisis de 25 discos duros de las computadoras incautadas a Business Track.

[16/1/2009]
El colaborador eficaz con clave 000917 dice que Business Track espiaba y ofrecía la información a varias empresas.