Algunos Congresistas y ong estadounidenses consideran que la tala ilegal es un argumento para que el tlc con el perú no sea ratificado. Además, una corte de justicia en Estados unidos debe decidir si suspende temporalmente las importaciones de toda la madera peruana

Por Marienella Ortiz, Infografía Antonio Tarazona

Muy pocos saben que un árbol de caoba demora en crecer entre 100 y 150 años, y que a otra especie, como la shihuahuaco, le toma 700 años. La presencia legendaria en nuestra selva de estas y otras variedades de árboles maderables es una de las mayores riquezas naturales del país, pero la deforestación las va arrasando a un ritmo cercano a las 300.000 hectáreas al año debido a la tala ilegal.

Los peruanos convivimos con esta historia sin que figure en nuestra agenda diaria como un problema de extrema gravedad. Sin embargo, esta vez la alerta ha tenido que venir desde Estados Unidos, para que todos los ojos se fijen en lo que viene ocurriendo con nuestros árboles en la selva.

Bajo la amenaza de poner coto a la ratificación del tratado de libre comercio (TLC) con dicho país, en enero y marzo últimos fueron enviadas dos cartas firmadas por 11 y 24 congresistas del Partido Demócrata, respectivamente, en las que se denunciaba ante autoridades comerciales y del parlamento de dicho país que la madera peruana exportada a EE.UU. es extraída ilegalmente.

¿Esto puede generar una corriente de opinión en contra del TLC en el Capitolio? Para el Gobierno no existen razones reales que justifiquen poner el dedo acusador sobre el Perú por este motivo. Pero esta posición se contrapone con la de las ONG estadounidenses y peruanas empeñadas en dar luces sobre los niveles de deforestación en el país.

"Estas son denuncias basadas en imprecisiones y tenemos cómo rebatirlo", responde el representante del Ministerio de Comercio Exterior (Mincetur), David Lemor, quien dice que la embajada del Perú en EE.UU. ya tiene un expediente con información sobre las imprecisiones de dichas denuncias. Lo mismo han respondido en comunicados de prensa los madereros peruanos, reunidos en ÁDEX.

CONTRIBUCIÓN
¿Tendrán argumentos los representantes peruanos para rebatir la ofensiva estadounidense? ¿De qué tamaño es el problema de la tala ilegal en el Perú?

De acuerdo con información oficial, en los últimos 100 años se ha deforestado 10 millones de árboles en nuestro país. Pese a ello, la contribución del sector al PBI es de apenas 1%, debido a que lo obtenido por la tala ilegal no se registra en los índices económicos.

El año pasado, la exportación de madera llegó a US$216,2 millones. De ese total, EE.UU. importó maderas peruanas por US$85,2 millones, especialmente de caoba, que es la madera con mayor demanda. Aquí la polémica se centra en que las ONG estadounidenses afirman que gran parte de lo importado es ilegal.

El Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) deja en claro que la exportación de madera es autorizada a través de un procedimiento establecido legalmente. Para ello, determina un cupo nacional de exportación de árboles de caoba, que para el 2007 es de 1.601 unidades, en base a sus planes operativos. El problema con esta cifra es que la autoridad científica para establecer los cupos, la Universidad La Molina, estableció una cifra menor, de 1.200 árboles de caoba, sin que hasta el momento ambos entes se pongan de acuerdo.

Para la ONG estadounidense NRDC, que trabaja con las peruanas Racimos y Federación de Comunidades Nativas del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), esa es una de las razones para calificar de ilegal la exportación de madera. "No se puede exportar caoba sin la aprobación de la autoridad científica", enfatiza Ari Hershowitz, representante de dicha organización.

PERMISOS FALSOS
El segundo argumento sustentado por esta ONG es que gran porcentaje de lo exportado cuenta con permisos falsos y provenientes de concesiones que no tendrían realmente caoba. "ÁDEX dice que esto es mentira, pero son 10 años de documentación de lo que viene ocurriendo en el Perú sobre una industria maderera que opera de manera ilegal, y eso lo sabemos por reportes oficiales del Gobierno del Perú y del Departamento de Estado (de EE.UU.)", afirma Hershowitz. Y es en este punto que su ONG pondría el dedo en la llaga.

El ex presidente del Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena), Matías Prieto Celi, reconoce que la tala ilegal aún no ha podido ser frenada y que los comerciantes informales se han provisto de nuevas formas para sacarle la vuelta a la actual normativa.

"Por ejemplo, los comerciantes ilegales ahora clonan las guías de transporte de la manera, de tal manera que cuando los vehículos pasan por un puesto de control, donde está el personal del Inrena y de la Policía Nacional, no son detenidos", comenta. Además, sostiene, los inventarios de las concesiones entregadas por Inrena incluyen en algunos casos un número más grande de madera con el fin de que luego traigan productos de otro lugar y los pasen como parte de la relación oficial.

CORRUPCIÓN
El presidente de la Comisión Multisectorial de Lucha Contra la Tala Ilegal (CMLTI), Carlos Chamochumbi, respalda la versión de que la corrupción está presente en gran parte de la cadena de comercialización de la madera. E indica que es más fácil que parte de la madera pueda ser considerada dentro de la producción legal.

Lo mismo ocurriría en los puestos de control en las zonas maderables, donde el personal es continuamente renovado y es fácil de corromper. Al respecto, Prieto Celi comenta que estas personas que trabajan en los puestos de control están contratadas por services. "El Gobierno crea una burocracia de gente indefensa que no se compromete con sus funciones y que, encima, debe defenderse de madereros que actúan con fusiles automáticos", explica.

DENUNCIA PENDIENTE
Con estos argumentos, la ONG NRDC presentó una denuncia en la Corte Internacional de Comercio de su país contra el Estado (de EE.UU.) y contra un grupo de importadoras, por introducir al mercado madera ilegal. Una primera acción solicitada fue que se suspenda temporalmente las importaciones de madera peruana, como una medida cautelar.

Hershowitz considera que una salida para evitar esta medida cautelar, así como las presiones del Capitolio contra el TLC, sería establecer a través de instituciones independientes, revisiones de la madera transportada hacia la empresa exportadora. Hoy, esa labor es realizada por la Supervisión de las Concesiones Forestales Maderables (Osinfor), adscrita al Inrena.

Pero más allá de una salida parcial, el presidente de CMLTI, Carlos Chamochumbi, estima que es necesaria una verdadera política del Estado para enfrentar con rigor este problema. También el Congreso debe revisar la actual normativa para sancionar con penas privativas de la libertad a los responsables de la tala ilegal, indica.

Igualmente, Matías Prieto considera que el Inrena debe contar con un mayor presupuesto que le permita, entre otras cosas, reforzar el sistema de control.

¿De qué depende que el Gobierno tome acciones? ¿El TLC tendrá que enfrentar un nuevo problema al que todavía no se le presta atención? Eso está aún por verse.