El Gobierno está aún a tiempo de evitar que un proyecto trascendental de integración regional y binacional, como la carretera Interoceánica, sea distorsionado de manera tan grosera, como han comprobado redactores de El Comercio.
Los beneficios del proyecto son enormes en el papel: unir la selva brasileña con la costa peruana, pasando por regiones sureñas históricamente relegadas que tendrían así una oportunidad de integrarse y desarrollarse.
Sin embargo, lo que está pasando es sumamente ingrato, pues no se está promoviendo proyectos de inversión local, con lo cual los más beneficiados hasta ahora son los taladores ilegales de madera, los narcotraficantes, los contrabandistas y los traficantes de terrenos.
Adicionalmente, se está afectando sobremanera el equilibrio ambiental de la zona, con tala y quema de bosques, contaminación de ríos y el aumento de la erosión. Y, por si esto fuera poco, los daños a la biodiversidad son incalculables.
Ante ello, el programa de gestión ambiental, financiado por la Corporación Andina de Fomento y ejecutado por el Inrena y el Conam, ha sido hasta ahora totalmente ineficaz.
El Gobierno tiene que hacer algo para evitar un descalabro económico, social y ambiental. Podría, por ejemplo, encargar a Pro Inversión que actúe como una autoridad autónoma para supervisar objetivos, crear cadenas productivas y vigilar el cuidado del medio ambiente.