Un compromiso de Estado

Por Jean  Ziegler. Relator de la ONU para el derecho a la alimentación

En el Perú, aproximadamente uno de cada cuatro niños menores de 5 años padece desnutrición crónica. La situación es más dramática aún en las zonas rurales, donde el 39% de los niños están afectados. Hoy, 16 de octubre, es el Día Mundial de la Alimentación y es importante que reflexionemos sobre el tema cuando más de 852 millones de personas en el mundo sufren hambre.

La experiencia ha hecho evidente que las políticas públicas que se agotan en la simple entrega de alimentos para solucionar la problemática de la alimentación no son sostenibles y están muchas veces rodeadas por la corrupción. Por eso, el derecho humano a la alimentación adecuada es algo mucho más complejo que la contrapartida a una limitada obligación de entregar alimentos.

Dar vigencia a este derecho implica articular a los diversos sectores del Estado en el desarrollo de políticas sociales integrales y coherentes que posibiliten el camino hacia la seguridad alimentaria y nutricional. El Perú parece estar consciente de ello, pues desde hace algunos años de manera reiterada desde el Estado y la sociedad civil se desarrollan esfuerzos en esta dirección.

El Perú ha aprobado y ratificado todos los tratados internacionales relativos al reconocimiento de este derecho humano y ha asumido los compromisos internacionales para su realización en las cumbres mundiales de la alimentación en 1996. Asimismo en el 2002, frente a la gravedad de la situación nutricional de la infancia, las fuerzas políticas, sociales y religiosas del país reconocieron la Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional como la Decimoquinta Política de Estado en el Acuerdo Nacional, lo que derivó en el desarrollo de una Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria (ENSA).

Esta estrategia, aprobada por Decreto Supremo 066-2004-PCM, reconoce el derecho a la alimentación y establece metas y objetivos para que al 2015 se logre la seguridad alimentaria y nutricional para todos los peruanos. Sin embargo, un decreto supremo no tiene ni la fuerza ni los alcances jurídicos que ofrece una ley y debería encontrar en ella gran parte de su base y su sustento.

Actualmente, en manos del Congreso peruano se encuentra el proyecto de ley del derecho a una alimentación adecuada. Este proyecto, que asigna responsabilidades al Estado y a la ciudadanía, y que incorpora los principios de no discriminación, inclusión y de participación ciudadana inherentes a este derecho humano, busca dar el marco institucional de estabilidad que una ley es capaz de ofrecer, para que las políticas que desarrolla el Estado en esta materia no sean pasajeras o coyunturales.

El Perú cuenta con la experiencia y la capacidad para asumir un modelo acorde con una moderna gestión social del Estado. Por ello, un compromiso como el del actual gobierno de reducir la desnutrición crónica infantil debe ser un compromiso permanente del Estado y de cada ciudadano para dar estabilidad a las políticas de seguridad alimentaria y nutricional en el largo plazo. En ello se juega el futuro de cientos de miles de niños peruanos que tienen derecho a crecer sanos y a poder recibir una educación que les permita romper el círculo vicioso de la pobreza y lograr realmente el libre desarrollo de cada uno. Aprobar la ley del derecho a la alimentación adecuada es un gran paso en esa dirección.