Nadie irá a la cárcel por contagio del virus del sida a recién nacidos

Juzgado Penal 27 absolvió a médicos y condenó a tres años a técnicos implicados. Familiares de víctimas demandan reparación al Ministerio de Salud

Por Fabiola Torres López

A mediados del 2004, una bolsa de sangre de 350 mililitros, infectada con el virus del sida, cambió la vida de ocho familias. Siete recién nacidos y una mujer la recibieron en una transfusión que originó uno de los escándalos más sonados en la historia médica reciente. Han pasado tres años desde entonces, pero ni las víctimas ni sus familias han encontrado justicia.

Ni siquiera ayer que el Juzgado Provincial Penal 27 dictó sentencia por este caso. Las madres de los bebes afectados, tres de ellos ya fallecidos, expresaron su indignación cuando escucharon la absolución de los cinco médicos del Instituto Materno Perinatal acusados del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de exposición al peligro, abandono de personas en peligro u omisión de auxilio.

Víctor Bazul Nicho, Julia Hinojosa Pérez, William Salvador Yamaguchi, Carlos Velásquez Vásquez y María Elena Mendoza Tapia quedaron libres de todos los cargos por no existir pruebas suficientes que indicaran que expusieron la vida de los pacientes.

La jueza Esther Seperak Viera solo encontró responsabilidad penal en Luis Aguilar Cruces, ex jefe del banco de sangre; Clelia Hermoza Zárate, coordinadora del banco de sangre; y las enfermeras Nancy Liviac Espinoza y Julia Mogrovejo Román, quienes fueron condenadas a penas de 3 a 4 años por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud. En su fallo, la jueza señala que el personal no siguió los procedimientos establecidos ni guardó el debido cuidado para detectar al donante infectado durante la evaluación previa a la donación de sangre y en su análisis posterior.

La jueza Seperak señala que aunque la sangre del donante se encontraba en período ventana (tiempo durante el cual no se presentan síntomas y es imposible detectar la presencia de un virus con pruebas de laboratorio), el personal de salud fue negligente en la evaluación del donante Sidney Estacio García, quien no se presentó ayer a la lectura de sentencia y fue declarado reo contumaz. De acuerdo con la norma penal, los condenados no tendrán prisión efectiva. Tampoco son capaces de pagar la reparación civil solidaria de 50.000 soles a cada uno de los agraviados, ya que sus abogados apelaron el fallo.

¿QUIÉN DEBE RESPONDER?
Para el Foro de la Sociedad Civil en Salud (Foro Salud), el caso de los niños infectados con el virus del sida en la otrora Maternidad de Lima reitera la necesidad de cambiar el marco jurídico en cuanto a la responsabilidad institucional en casos de afectación a la salud o la vida de las personas. En un comunicado, el Foro Salud demandó ayer la aprobación de la ley de derechos y obligaciones de las personas usuarias de los servicios de salud, que se encuentra en la agenda del pleno del Congreso.

Mario Ríos, de Foro Salud, señaló que uno de los principales aportes de este proyecto de ley es asignar la responsabilidad por eventuales daños al establecimiento donde se produzca el problema. "Con la responsabilidad institucional, los establecimientos se preocuparán de mejorar la calidad de su personal y de tener mejor infraestructura", dijo. Además aclaró que la reparación de daños debe ser entendida como la atención médica que resulte necesaria y una compensación por los gastos ocasionados al paciente, pero no indemnizaciones adicionales: si un afectado no se siente satisfecho con lo ofrecido, tendría que recurrir al Poder Judicial.

Por su parte, Carmen Guevara, Bertha Romero, Ernesto Cabezas, Maribel Vela y Claudia Ruiz, padres de los niños infectados con el virus del sida en el Instituto Materno Perinatal, informaron ayer que continuarán en su lucha por alcanzar justicia y exigieron al ministro de Salud, Carlos Vallejos, aprobar la resolución ministerial que oficializa la comisión de reparaciones para tratar su situación.

PUNTO DE VISTA
¿Cuál es la responsabilidad del Estado?
Susana Silva Hasembank. Defensoría del Pueblo

Los daños a la salud ocasionados por actuaciones culposas o dolosas de los agentes sanitarios generan, en principio, responsabilidad civil, penal o administrativa para el personal de salud directamente involucrado. Sin embargo, cabe preguntarse qué responsabilidad tiene el Estado en los recientes casos ocurridos en hospitales públicos del país.

Si bien es cierto que en toda práctica médica existen niveles de riesgo, es responsabilidad primaria del Estado garantizar la salud de las personas. De ahí la obligación irrenunciable del Estado de implementar rigurosos mecanismos que reduzcan la posibilidad de dichos riesgos, mediante el empleo de la tecnología, la capacitación constante de personal y la oportuna revisión de protocolos. Al respecto, la Ley de Procedimiento Administrativo General (artículo 238) establece que uno de los presupuestos que dan lugar a la responsabilidad patrimonial de la administración pública es la relación causa-efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesión causada. Tal obligación se extiende a los casos de responsabilidad objetiva, toda vez que el deber del Estado de reparar los perjuicios que se ocasionen a un administrado en el ámbito de actuación de la administración pública no solo es legal, sino también ético.

EN PUNTOS
Los discriminan en hospitales y colegios
4La asociación Vía Libre siguió la situación de 119 menores que viven con el virus del sida y encontró que el 41% sufrió algún tipo de discriminación en centros de salud, en el colegio y hasta en su propio hogar.
4En los hospitales, el personal no los quería tocar o dejaba sus historias clínicas para el final; en el colegio no los aceptaban y en la familia les impidieron que jugaran con otros niños y separaron sus utensilios.
4Esta organización ha realizado acciones de vigilancia a los menores desde el 2004 hasta la fecha, como parte del Proyecto Niños y Niñas por la Vida, Creando un Entorno Favorable en VIH/sida.
4En los últimos tres años, 16 personas que viven con el virus de inmunodeficiencia adquirida humana (VIH) denunciaron ante la Defensoría del Pueblo --que ha actuado como mediadora-- maltratos de instituciones.