¡No más falsificaciones impunes!

¿Será esta vez la vencida? Saludamos el lanzamiento de la campaña contra la falsificación de documentos, impulsada por la Presidencia del Consejo de Ministros y el Colegio de Notarios, que debe verse como un esfuerzo extremo para enfrentar una lacra tan arraigada como perniciosa para la seguridad jurídica del país. Hay que terminar con esta 'subcultura de Azángaro', de la estafa y del criollismo mal entendido.

En términos monetarios, se indica que el Perú pierde anualmente más de 120 millones de dólares a causa de estas mafias, dedicadas a falsificar documentos para originar escandalosos fraudes bancarios, robo de propiedades y toda suerte de latrocinios.

En todo esto, el jirón Azángaro se ha convertido, a pesar de las múltiples operaciones que han sido flor de un día, en el símbolo de la falsificación. Allí, por unos cuantos soles, cualquiera puede obtener todo falso, desde títulos, DNI y certificados para casarse o documentos para convertirse en propietario de bienes ajenos, lo cual es una burla intolerable a la buena fe y al Estado de derecho.

Para ello, hay que actuar en varios niveles. Para empezar, desde el aspecto policial y punitivo tiene que desbaratarse las mafias de Azángaro, lo que implica denunciar penalmente y mandar a la cárcel a sus cabecillas y operadores. El Poder Judicial tiene aquí una gran responsabilidad, pues existen casos en que los cabecillas de estas mafias han sido detenidos hasta siete veces, pero sospechosamente no duraron más de dos meses en la cárcel, a pesar de su reincidencia.

Pero, las cosas no pueden acabar allí: con el mismo énfasis, debe incidirse en cambios legislativos, pero también en la responsabilidad de quienes solicitan documentos falsos, y se hacen cómplices de estos gravísimos delitos. Mientras siga existiendo la demanda por documentos falsos, no se podrá acabar con estas mafias. Hace falta una campaña educativa de gran alcance para construir una nueva cultura ética de confianza y respeto a la ley y la propiedad.

Esta campaña es promovida por la PCM, es decir involucra al Ejecutivo al más alto nivel, lo que es destacable y esperanzador. Igualmente, participan la Policía Nacional, el Reniec, Asbanc, la Superintendencia de Registros Públicos, el Indecopi y la ONPE, con lo mejor de sus cuadros, tecnología y logística.

Desde El Comercio siempre hemos denunciado con firmeza la piratería y la ilegalidad. Esperamos que esta campaña rinda frutos y pronto, para lo cual sería importante que se informe periódicamente a la ciudadanía de sus avances, en cuanto a operaciones, modalidad y mafias desbaratadas. El país no puede convivir más con esta lacra.