Según defensoría, el espacio por detenido es de dos metros cuadrados. Local en el que se quemaron dos personas no tenía puesto para guardián
Por Elizabeth Salazar Vega
Hasta el día de hoy la Inspectoría Regional de la PNP y el Departamento de Investigación Criminal (Deincri) no han podido determinar las causas del incendio que consumió el calabozo de la comisaría de Jesús María, el pasado 15 de setiembre, y que dejó un detenido muerto y otro con quemaduras de tercer grado. Según fuentes confiables, ambas instancias han individualizado al suboficial PNP Jorge Gallegos Sinarahua como el principal responsable "por abandonar su puesto de vigilante de celda". ¿Pero, qué puesto?
De acuerdo con un reciente estudio de la Defensoría del Pueblo, esta dependencia policial no contaba con un ambiente fijo para el celador y carecía de las condiciones mínimas para albergar a personas detenidas de manera preventiva. El estudio es más amplio, pues incluye a 29 comisarías de doce distritos de Lima, además del Cercado, en el que las deficiencias son las mismas o incluso peores.
APRETADOS
Las dependencias inspeccionadas se encuentran en Pueblo Libre, Magdalena, Rímac, San Miguel, Breña, Lince y Miraflores, además de Surquillo, San Borja, San Isidro, Barranco, La Victoria y el Cercado. El principal hallazgo es que en el 57% de estas no existe el puesto de carcelero. De las 12 comisarías que sí cuentan con este ambiente, solo tres están ubicados de modo tal que se puede ver lo que ocurre dentro de la celda. "El sistema de seguridad observado en la mayoría de comisarías podría verse afectado en tanto el puesto del carcelero se encuentra en un lugar distante de las salas de detención", señala Eugenia Fernán-Zegarra, jefa de la Oficina Defensorial de Lima.
El equipo del Área de Derechos Humanos, que efectuó la supervisión a las comisarías, encontró, además, que el 74% de las celdas solo cuenta con luz natural, y en más de la mitad el único punto de ventilación es la propia puerta de acceso, mientras que los baños se encuentran en un área alejada de la celda y se tiene que llamar al oficial de turno para que lleven a los detenidos hasta allí. Si bien siete de cada diez calabozos pueden albergar hasta a cinco detenidos, las dimensiones de estos ambientes, en su mayoría (57%), son de dos metros cuadrados por cada persona.
En el ámbito internacional, la resolución 663 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas dispuso las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos. Ese documento, al igual que la ratificación hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2006, establece que un espacio de cerca de dos metros cuadrados para un interno se encuentra ya en un nivel alto de hacinamiento... "un espacio aún más reducido es a todas luces inaceptable y constituye un trato cruel y contrario a la dignidad inherente del ser humano".
Solo las comisarías de San Borja, Campoy (SJL), Pueblo Libre y Chacarilla del Estanque (Surco) cuentan con cama. En el resto, en caso de que los detenidos estén bajo sospecha de determinados delitos, deberán dormir hasta 7 o 15 noches en el suelo.
Wilfredo Ardito, especialista en derechos humanos, señala que las personas detenidas de modo preventivo no pierden sus derechos constitucionales. "Ellas no pueden ser mantenidas en pésimas condiciones de salubridad y seguridad, pues hay que tener en cuenta que muchas veces en redadas juntan a ladrones avezados con menores de edad".
El abogado Carlos Rivera, de Justicia Viva, señala que el problema radica en la mala distribución de recursos desde el sector Interior, donde no se daría prioridad a los planes para mejorar la infraestructura de las comisarías.
UN POCO DE INGENIO
El ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi señala que durante su gestión se intentó impulsar la mejora en la infraestructura de las dependencias policiales, incluidos los calabozos, "pero no se contó con los recursos necesarios para ello". "Se trabajó con el área de derechos humanos del Ministerio del Interior y se empezó por aquello que no necesita inversión: la capacitación del personal para erradicar los malos tratos, torturas o cualquier arbitrariedad. Las empresas privadas podrían ayudar en esta tarea", agregó.
En efecto, no todo lo puede el dinero. La comisaría de Petit Thouars ha sido señalada en el informe defensorial como una de las que, dentro de sus limitaciones estructurales, al menos ha buscado mejorar el ambiente físico para los detenidos. Según personal de dicha dependencia, si bien la construcción del local data de la década del setenta, esta se ha pintado de blanco para darle más luminosidad y se han dibujado frases alentadoras y disuasivas para buscar la reflexión de los detenidos.
LAS CLAVES
4 La encuesta de victimización presentada por el Ministerio del Interior el año pasado señala que el 33% de limeños percibe la infraestructura de su comisaría como mala.
4 La Región Policial del Callao cuenta ya con un plan de evaluación de la infraestructura de sus 17 comisarías con el fin de iniciar obras de refacción e incluso construcción de nuevas instalaciones.
4 Según la defensoría, 4 de las comisarías visitadas tienen celdas por debajo de los estándares de derechos humanos. Sus nombres se conocerán cuando culminen las indagaciones.
DEL CONSULTOR
Son personas con derechos *
Las comisarías tiene el problema del espacio físico incluso en las oficinas administrativas, pero en cualquier parte del país el peor sitio dentro de estas termina siendo el calabozo. Se alberga a dos o tres personas en espacios tan reducidos que se viola claramente las normas internacionales como las establecidas por la Corte de San José.
La reclusión en calabozos de la policía es una medida preventiva en la que no se ha comprobado nada contra la persona, es más, en la mayoría de los casos no se tiene mayores elementos de prueba para acusarlos y se les deja ir, sobre todo cuando son intervenidos indocumentados. Son personas que no serán sometidas a un proceso penal y tienen derechos constitucionales. No pueden ser metidas en un depósito como si fueran paquetes. Son personas, y personas inocentes hasta que no exista una acusación y una condena.
Hasta el momento el Estado no ha tomado ningún tipo de iniciativa al respecto, pues de repente no lo considera prioritario, pero si así estamos en Lima, hay que imaginarnos el panorama en provincias. Lo que tendría que establecerse es un plan de desarrollo y de reforma física de comisarías. Eso debe hacerse rápido, pues, con el reciente cambio de legislación, hay casos en los que las detenciones se pueden extender hasta 15 días, y en estas condiciones resulta inadmisible.
* Carlos Rivera Paz. Abogado