Débil control urbano impide garantizar construcciones

Por Elizabeth Salazar Vega

El rubro inmobiliario no solo tiene su sitio bien ganado en la lista de inversiones con mayor despegue, también integra la relación de reclamos recibidos por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi). En los últimos 12 meses se han formalizado 143 denuncias y se han recibido 173 reclamos contra este sector, ya sea por deficiencias estructurales, mala calidad del equipamiento o diversos incumplimientos de la constructora.

Karim Salazar, jefa del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) de Indecopi, señala que el vecino puede acudir ante ellos o al Poder Judicial para entablar una demanda y, de confirmarse la negligencia en la construcción, pedir la reparación de los daños. Indecopi puede incluso multar a la constructora hasta con 100 UIT (S/.345.000).

Sin embargo, ello no repara las molestias causadas dado que se trata de un inmueble nuevo. Martín Soto, jefe de seguridad y calidad de Cosapi, empresa especializada en industria y construcción, señala que las municipalidades tienen gran responsabilidad en ello, ya que entregan el certificado de finalización de obra, que no es otra cosa que el documento que garantiza que el edificio cumple la seguridad estructural, los parámetros urbanísticos y de edificación vigentes.

SIN SUPERVISIÓN
Según el Undécimo Estudio del Mercado de Edificaciones de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), solo en Miraflores y San Isidro las construcciones cuentan con dirección técnica en más del 93%, en el resto de distritos la cifra a lo mucho alcanza el 60%. El nuevo estudio que Capeco difundirá en noviembre arrojaría solo una leve mejora en las cifras.

"Las reglamentaciones y normas siguen siendo obviadas por constructoras poco serias, mientras que las municipalidades no se dan abasto para inspeccionar todas las edificaciones existentes. Si entregan este certificado se supone que no deberían presentarse problemas, pero sí los hay", dice Soto.

Para el decano del Colegio de Ingenieros de Lima, Javier Piqué, es ahí donde radica el problema. "Que profesionales estén al frente de una obra no garantiza que estén cumpliendo las normas. Si no hay control urbano severo, no hay garantía", advirtió.

El único ente encargado de fiscalizar las construcciones es el concejo distrital, pero solo 15 han cumplido con instalar los comités de inspección integrados por miembros de los colegios de Ingenieros y Arquitectos. El resto dice bastarse con sus profesionales del Área de Desarrollo Urbano.

La labor de los concejos se recargaría cuando entre en vigencia la Ley 29090, pues esta permite iniciar edificaciones de hasta cinco pisos con cargo a que estos las inspeccionen posteriormente y paralicen las obras que incumplan parámetros de seguridad. El Colegio de Ingenieros pedirá la inconstitucionalidad de esta norma.