Ministerio de Economía reduce plazos y costos de sus procesos

Meta del Ejecutivo es reducir trámites innecesarios en las entidades públicas

Por Karín Acevedo

Ayer venció el plazo para que los 16 ministerios justifiquen ante la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros los procesos que se incluyen en sus textos únicos de procedimientos administrativos (TUPA).

Según voceros de la secretaría general de la PCM, la justificación que deben hacer los misterios no necesariamente tiene que ser publicada, como lo han venido haciendo algunas entidades. Por ejemplo, ayer los ministerios de Economía y Finanzas y de Relaciones Exteriores publicaron en el diario oficial "El Peruano" modificaciones a sus textos de procesos administrativos.

En el caso del MEF, se modifican los procesos para aprobar donaciones inafectas al IGV a favor de dependencias de este sector, calificación de entidades sin fines de lucro como perceptoras de donaciones, pensiones de cesantía, duplicados de derecho pensionario, entre otros. En estos casos y otros, se reducen plazos y costos.

En el caso de Relaciones Exteriores, los cambios que se efectuaron no figuran en la publicación.

El paso que sigue, una vez justificados los procedimientos establecidos en los TUPA, es su revisión. Si es el caso, se otorgará un tiempo de 15 días para que las entidades subsanen los errores. De acuerdo con la PCM, si estos errores no son subsanados, posteriormente la entidad no podrá aplicar los procedimientos dentro de sus TUPA.

En el caso de los organismos públicos descentralizados (OPD), el plazo para presentar la justificación de sus textos de procedimientos administrativos vence el 30 de noviembre, mientras que para los municipios el plazo se extiende hasta el 2 de enero del 2008.

SEPA MÁS
4En la justificación, la entidad pública deberá explicar que el monto de los derechos de tramitación de los procedimientos administrativos no debe exceder el costo real del servicio.
4De acuerdo con la CCL, ninguna entidad puede cobrar tasas como condición o requisito previo a la impugnación de un acto emitido por la propia entidad.