Comentario del Editor: Modelo de agenda piloto para la 'zarina' Lizárraga

Podría empezar por concentrarse en los nudos gordianos que propician la impunidad en el aparato público

Por Juan Paredes Castro

¿Puede un juez disponer la reincorporación de un alto oficial de la Policía Nacional que hubiese sido separado de su cargo por evidencias de corrupción?

Podría hacerlo legítimamente siempre y cuando el alto oficial sancionado no hubiera pasado por un debido proceso administrativo interno.

Ante un caso excepcional y de arbitrariedad como este, el juez estaría administrando real y efectiva justicia.

Suelen ser más bien comunes las situaciones en que jueces ineficientes o venales terminan por favorecer causas que pasaron por un debido proceso administrativo y que en su momento afectaron la imagen de la función pública en ejercicio.

El ejemplo del general Víctor Gandolfo, ex inspector general de la Policía Nacional, es muy ilustrativo. Su separación del cargo fue motivada por su participación directa en las primeras irregulares negociaciones de compra de patrulleros, cuando Pilar Mazzetti manejaba las riendas del Ministerio del Interior. Encontrado responsable de la operación, Gandolfo fue puesto en la refrigeradora laboral primero y en el fuero judicial después, para acabar finalmente repuesto en un nuevo importante cargo mediante una resolución de un juzgado de la Corte Superior de Lima.

Esta es la clase de fenómenos de impunidad que la 'zarina' anticorrupción Carolina Lizárraga debería detectar y enfrentar, en lugar de pretender salir --duplicando esfuerzos-- a la caza de tantos funcionarios corruptos que la contraloría pone frecuentemente en manos de la Fiscalía de la Nación y del Poder Judicial sin mayor éxito de sanción ejemplar.

Paradójicamente, la mejor arma que encuentra la corrupción para asegurar su inmunidad es el Poder Judicial. He aquí pues el blanco perfecto al que tendría que apuntar la ex jueza Lizárraga, con toda la experiencia que trae precisamente de la administración judicial y amparada en la voluntad política del gobierno de apoyarla decisivamente.

Las primeras tareas de la 'zarina' anticorrupción deberían estar destinadas a frenar la impunidad, que es la parte más mañosa y escandalosa de la criminalidad gubernamental. Allí donde sencillamente no pasa nada, porque todo tiende a conservar el 'modus vivendi' delictivo de la administración pública. Se trata además de una impunidad asentada en el uso de los resortes de poder de la alta burocracia, a los que conviene investigar de una manera distinta de la que se ha empleado hasta hoy.

¡Manos a la obra, doctora Lizárraga! ¡La impunidad la espera a la vuelta de cada esquina del aparato público!