Riesgos, seguros y...

Es responsabilidad de los ciudadanos contratar un seguro, de las empresas honrarlo, de los profesionales actuar de acuerdo con los estándares más exigentes

Por Beatriz Boza

Es propio de la naturaleza humana enfermarnos porque somos de carne y hueso. A su vez, la tecnología, en particular de la aviación y del transporte en general, hace que sea inevitable tener accidentes fatales. Y así como fruto del talento humano hoy extirpan un tumor vía láser, operan sin cortar, los diabéticos pueden vivir sanamente y existen tratamientos que mejoran la calidad de vida, también es propio de la naturaleza humana equivocarnos.

¿Nos hemos preguntado quién debe asumir los costos de un accidente: la víctima, el causante del daño, todos nosotros? ¿Quién debe correr con los costos de una equivocación humana? ¿Quién debe solventar una enfermedad: el enfermo, su empleador, el Estado, la sociedad en su conjunto? Dicen que en la antigua China las familias le pagaban al médico mientras uno estaba sano y dejaban de hacerlo cuando se enfermaban. En entornos culturales como el nuestro un sólido tejido familiar de primos, tíos y parientes lejanos pero cercanos a la vez, han fungido como red de apoyo ante la adversidad. En países desarrollados con sistemas familiares más reducidos y cambios constantes en el lugar de trabajo, la seguridad social y mecanismos de mercado cumplen ese rol. Sea el pago de las familias chinas, la red social peruana o el esquema público europeo, las personas necesitamos seguros.

Precisamente el desarrollo de la sociedad moderna va emparejado con la creación de sistemas de prevención, mitigación, cobertura e indemnización de los riesgos propios de vivir en sociedad, surgiendo así la industria de seguros. Es el papel del Estado, sin embargo, garantizar la tutela eficaz del derecho de las personas, la resolución de conflictos y evitar el abuso de poder. Tanto el Congreso como el Ejecutivo, el Poder Judicial y la Seguridad Social (Essalud, SIS, EPS, seguros privados), deben cumplir ese objetivo, así como los colegios profesionales y centros universitarios. Además, es responsabilidad de las instituciones médicas tomar las medidas necesarias en infraestructura y provisión de servicios para prevenir daños. Y es que no solo se trata de indemnizar a la víctima, sino de prevenir casos de mala praxis y de hacer que los causantes de daños asuman los costos de su accionar.

Es responsabilidad de los ciudadanos contratar un seguro, de las empresas honrarlo, de los profesionales actuar de acuerdo con los estándares más exigentes de la profesión, de los gremios profesionales sancionar las conductas indebidas y de las autoridades velar porque se profundice en el Perú la utilización de este mecanismo de socialización de riesgos a través del mercado. La discusión del llamado SOAT médico plantea una oportunidad de evaluar todas las aristas del problema, no solo de pasarle por decreto la factura al Estado, que somos todos nosotros.