¡Cómo castigamos al desempleado!

Reformar el Estado no se agota en abaratar costos, simplificar trámites o garantizar el silencio administrativo positivo sino en eliminar requisitos engorrosos

Por: Beatriz Boza |

¿Quién eres? ¿Qué sabes hacer? ¿Cuáles son tus antecedentes? ¿Eres la persona adecuada para el puesto? ¿Se puede confiar en ti? Estas son algunas de las interrogantes que se intentan dilucidar durante una entrevista laboral. Además de revisar la hoja de vida, verificar la formación del candidato, evaluar su experiencia y considerar sus antecedentes policiales, penales y judiciales, las empresas recurren a evaluaciones psicológicas, pues un empleador busca contar con el mejor talento profesional y calidad humana dentro de su organización. Por eso, cada vez más el proceso de selección y contratación es vital para el éxito de una organización y el área de recursos humanos cobra mayor relevancia. ¿Quién debe costear todos esos gastos: el empleador, el candidato al empleo, el Estado, la sociedad?

En un país con 53% de subempleo y donde uno de los principales retos de nuestra sociedad es lograr la inserción laboral de miles de jóvenes cada año, la pregunta no es retórica. Con una frecuencia mayor a la deseada, se le exige a quien aspira a un trabajo formal presentar un certificado de antecedentes policiales (cuesta S/.3,50 y se obtiene en un día en Lima y cinco días en el resto del país, y usualmente cobran S/.5 adicionales por la foto), otro de antecedentes penales (S/.52 y toma un día obtenerlo), en otras ocasiones piden uno de antecedentes judiciales (cuesta entre S/.28 y S/.35 y toma cinco días si es en el ámbito nacional o un día si es regional), y además el certificado tiene que estar vigente, es decir no puede ser del año anterior. Estos antecedentes a la par que el DNI, RUC, partidas de nacimiento y registro de propiedad, constituyen información pública en poder del Estado. ¿Por qué el Estado le cobra precisamente al ciudadano desempleado por darle esos certificados? La tecnología permite la interconexión del empleador con estas bases de datos de manera que se le ahorre tiempo y dinero al ciudadano y que se genere mayor confianza en el funcionamiento del Estado.

Reformar el Estado no se agota en abaratar costos, simplificar trámites o garantizar el silencio administrativo positivo sino en eliminar requisitos como estos y no pensar, como se acaba de sugerir, en nuevos certificados. Considerando que el Estado con más de un millón de personas empleadas es el principal empleador en el país, sería un desatino crear un certificado de antecedentes en la administración pública que 'certifique' el no haber sido sancionado en alguna entidad estatal. Aprovechemos que hoy la tecnología facilita el acceso a estas bases de datos y las interconecta permitiendo simplificarle la vida a la gente. Un enfoque más orientado a la ciudadanía ayudaría a este objetivo.