El viejo talón de Aquiles en la lucha antisubversiva

Por: Juan Paredes Castro |

Una de nuestras mayores flaquezas en la lucha contra la subversión y el narcotráfico es, desde hace mucho tiempo, la concesión de ventajas territoriales.

Tal es el caso del VRAE (valle de los ríos Apurímac y Ene), supuestamente controlado por bases militares, pero con linderos de zona de emergencia tan estrictamente establecidos, que puede ocurrir cualquier cosa en las proximidades, como Ocobamba, sin que nadie en el Gobierno tenga una explicación racional de este nuevo talón de Aquiles.

Por cuidar tanto el centro terminamos perdiendo la periferia, o al revés.

Somos tan puntillosamente cuadriculados frente a las amenazas señaladas, que por unos cuarenta kilómetros de distancia entre el punto extremo del VRAE y el recientemente atacado poblado de Ocobamba necesitamos otra declaratoria en emergencia para que las fuerzas armadas puedan apoyar a las policiales.

Es más: actualmente, se discute en el Congreso un proyecto de ley sobre las reglas de combate de las fuerzas armadas, que sin duda responden a su natural reacción a los graves cuestionamientos de su actuación precisamente durante la guerra antiterrorista. Este propósito de curarse en salud respecto de eventuales futuras acusaciones de violación de derechos humanos, siendo en sí mismo legítimo, contrasta con las necesidades urgentes de seguridad interna que vive el país, necesidades que no están para tanto rodeo en el camino de las decisiones políticas pendientes.

Como ha ocurrido tantas veces, nuestro control territorial resulta precario en una geografía agreste e infernal, que a las mafias criminales del narcotráfico y de la subversión rediviva les acomoda bien. Lo peor de todo no es que no podamos penetrar en territorios prácticamente liberados, sino que acabemos perdiendo lo que tenemos a la mano, como Ocobamba, donde recién ahora se piensa instalar un cuartel policial que sin apoyo militar vecino, siquiera logístico, no va a disuadir a nadie.

El Gobierno tiene derecho a plantearse todos los cálculos de previsión posibles alrededor de la participación efectiva de las FF.AA. allí donde a la policía le hace falta, por ejemplo, estrategia logística e inteligencia militar. Pero no puede dormirse en esta tarea.

La velocidad con que operan las mafias en el oriente peruano la conocen la Policía Nacional, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. No esperemos un nuevo ataque criminal sobre algún puesto policial abandonado para empezar a pensar nuevamente en poner allí un 'fuerte apache'.