Análisis
Por Farid Kahhat*
Cuando la integración latinoamericana era aún un anhelo ampliamente compartido en nuestra región, Brasil y México eran los estados que pugnaban por el liderazgo regional. En ese contexto, la suscripción en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), parecía sugerir que el Estado Mexicano apostaba por una nueva estrategia: la de una integración creciente con Estados Unidos. Basado en esa presunción, Brasil lanzaría en el nuevo milenio una iniciativa que no solo renunciaba a cualquier pretensión de integración latinoamericana, sino que además excluía de manera explícita a México: la Comunidad Sudamericana de Naciones.
Desde entonces ambas apuestas revelaron sus limitaciones. De un lado, Estados Unidos hizo saber a México que el estatus de los inmigrantes mexicanos en su territorio constituía un asunto de política interna que no habrían de someter a una negociación bilateral. Quedaba sin embargo abierta la posibilidad de que, de motu proprio, Estados Unidos aprobara una reforma que tornara más apacible la azarosa vida de los inmigrantes ilegales. Pero entonces personajes como Samuel Huntington sostendrían que, después de todo, los mexicanos no pertenecían a la civilización occidental, por lo que cualquier intento de asimilarlos a la cultura estadounidense estaba condenado al fracaso. Y en lugar de una reforma migratoria, lo que el Congreso de Estados Unidos aprobó fue la construcción de un muro en la frontera para detener de una vez por todas la inmigración ilegal.
De otro lado, la exclusión de México no impidió que el Estado Brasileño tuviera que afrontar un desafío a su vocación de liderazgo en Sudamérica: el de Hugo Chávez. Peor aun, las fisuras creadas en torno a la figura de Chávez, la indecisión del Brasil en torno al curso de acción a seguir, y la crisis de los procesos de integración en el ámbito subregional (v.g., CAN y Mercosur), podrían terminar ocasionando que no haya siquiera un proyecto que liderar.
La conjunción de ambos 'impasses' podría explicar la renovada vocación latinoamericanista del gobierno de Felipe Calderón. En Sudamérica, las resistencias que Hugo Chávez genera entre no pocos gobiernos de la región, unida a los debates que se libran en Brasil sobre el papel que ese país debería asumir en la región, crearon los resquicios por los que se filtró un proyecto alternativo: el de la "Asociación del Pacífico Latinoamericano". La identidad política de este proyecto se perfila con claridad al contrastarse con los estados a los que excluye. A diferencia de Venezuela y Bolivia, los gobiernos que integrarían el Arco del Pacífico (como algunos lo denominan), apuestan por el capitalismo de mercado en lo económico, y la democracia representativa en lo político (aunque podría añadirse que, en el mejor de los casos, algunos de esos países calificarían como "democracias de baja intensidad").
A diferencia de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los estados ubicados en el Arco del Pacífico (con la excepción de Ecuador) han suscrito tratados de libre comercio con Estados Unidos (aunque el Congreso de ese país aún no ratifica aquellos suscritos con Colombia, Panamá y el Perú). Lo cual hace que pierda vigencia entre ellos la razón fundamental por la cual los miembros del Mercosur son renuentes a respaldar la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA): los subsidios agropecuarios. Al haber aceptado en lo bilateral el ingreso sin restricciones de productos subsidiados por el Gobierno de Estados Unidos, y dada la posición de este último en el sentido de que solo negociará el tema de los subsidios en la instancia de la Organización Mundial de Comercio (OMC), para esos países el tema virtualmente desaparece de la agenda comercial en el contexto hemisférico.
Por último, se trata de países ubicados en la Cuenca del Pacífico, la zona comercial de más rápido crecimiento mundial. Se cuentan además entre ellos los únicos países de América Latina que forman parte del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés): Chile, México y el Perú (que además será sede en el 2008 de la próxima cumbre de la APEC). En este caso estamos además ante países que, a diferencia de los demás integrantes del Arco del Pacífico, se opusieron a la invasión estadounidense de Iraq (en el caso de México y Chile, nada menos que desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas). No en vano se trata también de los países dentro de este contingente que (junto con Nicaragua) hacen de su autonomía de decisión en el sistema internacional un objetivo importante de su política exterior (a diferencia del resto, que apuesta por una estrecha alianza política con Estados Unidos).
En el caso específico de la relación bilateral entre México y el Perú, lo dicho sugiere la conveniencia de negociar un tratado de libre comercio entre ambos países (sobre todo teniendo en cuenta que el Acuerdo de Complementación Económica que existe entre ellos expira el próximo mes). Además, en un momento en el que en México cobra un inusitado protagonismo político el tema de la lucha contra el narcotráfico, cabría recordar que el Perú es el segundo productor mundial tanto de hoja de coca como de cocaína. Y una proporción creciente de esa producción se destina a los cárteles mexicanos a través de puertos ubicados en el norte del país.
* Analista internacional y catedrático de la PUCP