En gobierno de Paniagua no se habrían pagado reparaciones

Pagos ordenados por la CIDH se efectuaron durante gestión de Toledo

Por Ítalo Sifuentes Alemán

El ex presidente de la comisión de alto nivel para las reparaciones de las víctimas de la matanza de Barrios Altos Javier Ciurlizza Contreras pidió ayer que el Ministerio de Justicia y el procurador Gino Ríos Patio escuchen su versión antes de continuar investigando y cuestionando su gestión, llevada a cabo durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua Corazao.

Un grupo de trabajo de ese sector informó a la titular de Justicia, María Zavala, haber encontrado que Ciurlizza faltó administrativamente al omitir considerar la declaratoria de herederos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigía para la entrega de US$172.938 a los familiares, como compensación a las víctimas de esa matanza.

Ríos Patio señaló que denunciará a Ciurlizza ante la fiscalía si se comprueba que no fue un error administrativo indemnizar a uno de los hermanos y no a todos, como correspondía, en el caso de Octavio Huamanyauri Nolasco, una de las víctimas de Barrios Altos. El hermano al que se alude era Félix Víctor Huamanyauri Nolasco.

El Ministerio de Justicia y Ríos Patio basan sus presunciones en la aparición de seis hermanos paternos de Octavio Huamanyauri Nolasco (Valente, Onorata, Belinda, Macrina, Marleny y Félix Fortunato Huamanyauri Conopuna), quienes denunciaron que, a pesar de que también son herederos, solo su hermano Félix Víctor había recibido la indemnización.

TIENE PRUEBAS
Ciurlizza afirmó que está dispuesto a demostrar con documentos que el 26 de julio del 2001 Paniagua y el ex ministro de Justicia Diego García Sayán aceptaron su renuncia como presidente de la comisión de reparaciones, y que solo se había dedicado a coordinar el acuerdo para las reparaciones que la CIDH ordenó entre los representantes del Estado y los familiares de las víctimas de Barrios Altos.

Esa comisión se formó el 12 de abril del 2001, tres meses antes de que culminara el gobierno de Paniagua. El 14 de marzo de ese año la CIDH resolvió condenar al Estado Peruano por la matanza perpetrada el 3 de noviembre de 1991 supuestamente por agentes adscritos al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).

"La comisión tuvo 14 reuniones con las víctimas, sus representantes legales y miembros de organizaciones de defensa de los derechos humanos. En el gobierno de Paniagua no pagamos a nadie", dijo Ciurlizza.

Indicó que el pago de las reparaciones no se podía hacer hasta que la CIDH aprobara el acuerdo entre el Estado y los familiares de las víctimas, el cual ocurrió el 30 de noviembre del 2001. Ello se puede constatar viendo cuándo se giró el cheque a Félix Víctor Huamanyauri Nolasco: abril del 2002.