Fortalecer el proyecto Forsur supone dejar trabajar a Favre

Primó finalmente la razón y el Ejecutivo dio el primer paso para viabilizar al Forsur y envió al Congreso el proyecto que reduce de 19 a 9 el número de los miembros de su directorio.

Corresponde ahora que esa medida se apruebe con carácter de urgencia para no dilatar más la gestión gerencial de una entidad que debe ofrecer como resultado bienestar y calidad de vida de los afectados por el terremoto del 15 de agosto.

El Estado no tiene que ser un obstáculo a la iniciativa privada sino un promotor o complemento eficiente de ella. No tiene que ser una trampa para un empresario como Julio Favre, frustrado en sus ímpetus gerenciales. No tiene que ser el suelo rocoso burocrático para un caudal de ayuda exterior que de pronto se ve obligada a frenar su generosidad.

El Congreso ya no puede volver a la discusión bizantina de si los directores deban ser considerados funcionarios públicos, a pesar de no tener ese estatus. Al final ello niega toda posibilidad de gestión privada y autónoma, y convierte a los empresarios en sujetos de limbo, sometidos a los engorrosos trámites que han terminado por paralizar la recuperación del sur.

El Congreso y principalmente los políticos apristas tienen que dejar trabajar a Favre. La razón es clara: Si se convoca al sector privado para una labor de este tipo, incluso ad honórem, es para escapar al andamiaje de un aparato estatal que ha demostrado que es incapaz de atender los objetivos de la reconstrucción del sur.

Hay muchos intereses de por medio, pero el Gobierno no debe olvidar dónde está la emergencia. Tampoco Favre debe prestarse a más juegos políticos del partido de gobierno ni el presidente García abandonarlo a mitad de camino.