La factura que Forsur debería pasarle al Estado

Por: Juan Paredes Castro |

Es un grave error hacer girar el problema de la reconstrucción del sur alrededor de la persona y las funciones del empresario Julio Favre, cuando la responsabilidad del Estado está vivita y coleando debajo de los escritorios burocráticos.

Quizás la culpa de Favre tenga que ver con haber aceptado el puesto a fardo cerrado, pensando que las cargas, como en las antiguas piaras de mulas, se arreglarían en el camino.

Aunque el corsé legal que le impusieron el Gobierno y el Congreso le hizo rechinar los dientes, finalmente Fravre no fue capaz de obligar al presidente Alan García, al primer ministro Jorge del Castillo y al titular del Congreso Luis Gonzales Posada a asumir un compromiso explícito de apoyo a su gestión gerencial. Entiéndase bien: a su gestión gerencial, que es lo que todos deseaban que se materializara como garantía de obtención de resultados frente a la magnitud del desastre que acababa de ocurrir.

Todos ellos prefirieron ver en Favre más a un funcionario díscolo, pero tolerante, que a un gerente respondón, pero eficiente.

Pasado el tiempo que ha pasado ya no es hora de discutir qué se hace por sacar de la desgracia a Pisco, Chincha e Ica. Más bien, ha llegado la hora (y nadie cree que haya otra más propicia en oportunidad) de que el Gobierno y el Congreso tomen al toro por las astas y decidan lo que tienen que decidir a favor de los damnificados del terremoto del pasado 15 de agosto.

Que por favor a nadie se le ocurra hacer más diagnósticos. Ya casi todos han sido hechos. Falta llevar a la práctica una voluntad política gubernamental y parlamentaria mucho más firme y un buen manojo de decisiones para ponerlas en manos, ahora sí, de Julio Favre o de quien, por último, lo reemplace, si es que esa es la determinación oficial más conveniente.

El tiempo apremiante exige ver más allá y más acá de Julio Favre para no perder de vista los dos problemas de fondo: el de la reconstrucción del sur, con todos sus desafíos y necesidades; y el de la burocracia estatal, imperturbable, que se ríe de todos los consejos de ministros, de todas las resoluciones firmadas en el despacho de Jorge del Castillo y de todas las mediatizadas normas aprobadas por el Congreso.

Entretanto, marcha lento, pero marcha, el proyecto de ley para bajar el número de miembros del directorio del Forsur de 19 a 10. Quizá este sea el comienzo de una vida diferente para esta institución que no se merece pasar por el ingrato trance de no servir, por ahora, de nada.