Fiscalía militar considera que no hubo delitos. El despacho ocurrió en pleno conflicto del Cenepa
Por Moisés Ávila. Corresponsal
SANTIAGO. No hubo delitos. Esa fue la conclusión a la que arribó el fiscal militar chileno Joaquín Billard, encargado de investigar la venta irregular de armas que el Ejército de Chile realizó a Ecuador, en pleno conflicto bélico que este país mantenía con el Perú, durante el denominado conflicto del Cenepa, en 1995. El caso quedó cerrado.
La operación de venta, duramente cuestionada en su momento, ya que Chile era supuestamente garante del Protocolo de Paz, firmado entre peruanos y ecuatorianos, no fue un acto irregular para la Corte Marcial chilena, pues se admitió la versión de que la negociación se llevó a cabo con anterioridad al enfrentamiento armado, según informó el diario "La Tercera".
El inicio de las indagaciones en Chile no fue precisamente porque se tratase de una falta a su compromiso de garante o a la disposición de las Naciones Unidas de no vender armas a países en guerra, sino más bien porque la venta fue vinculada a actos de corrupción en los que aparentemente habían participado personajes ligados al fallecido dictador Augusto Pinochet.
En esa línea, el propio albacea de Pinochet, Oscar Aitken, reconoció haber viajado a Ecuador para tratar de eliminar las evidencias que aparentemente hizo ese país a la empresa off shore Famae Limited, vinculada al ex capitán general del Ejército de Chile.
Este tema formó parte del denominado Caso Riggs, referido al uso ilegal de fondos del Estado Chileno mediante cuentas bancarias en Estados Unidos, el mismo tema por el que hace poco los hijos y colaboradores de Pinochet pasaron dos días en prisión.
Carlos Cerda, juez del caso, no encontró una ligazón directa de la venta de armas a Ecuador con Pinochet, por lo que derivó esta materia específica al fuero militar. Durante la investigación, la justicia castrense interrogó incluso al gobernante de aquel entonces y actual presidente del Senado, Eduardo Frei.
El año pasado, la brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones de Chile determinó que, en enero de 1995, se elaboró una operación secreta de transporte de armamento bélico, desde Chile hacia Ecuador.