La anticorrupción en la reforma del Estado

Por Elsa Bardález. Secretaria General Adjunta de Transparencia

La discusión sobre la Oficina Nacional Anti-corrupción (ONA) ha girado alrededor de la función de detectar y castigar la corrupción cometida. Se da por sentado que prevendrá la corrupción, quizás mediante un efecto disuasivo que esperamos de la detección y sanción o de campañas.

Pero la pillería ocurre en la medida en la que se le da oportunidad: con procedimientos y trámites copiosos o enrevesados, normas imprecisas, responsabilidades vagas. Concentrarse en una captura póstuma de actos corruptos no lleva a obstaculizar la trampa y el delito antes de que puedan ocurrir. Predicar valores, o exhortar a comportamientos con códigos o pactos de ética, pudiera ser útil, pero no basta.

La prevención acciona en el campo de las normas y engranaje administrativos sobre los que opera el día a día del Estado. Ahí tendría que anclarse la ONA. Tendría un rol activo, centrado en la coordinación entre instituciones y de la acción estatal en el plano anticorrupción.

Implementar una estrategia nacional anticorrupción equivale a ejecutar toda la reforma del Estado, encargo titánico que no se hará en un día y es ya atribución de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Diseñar y orientar tal estrategia es un esfuerzo enorme de cooperación interinstitucional. En la práctica, es plantear dónde y cómo incorporar qué mecanismos de responsabilidad ('accountability') como parte de las grandes y pequeñas reformas estatales --y velar que la incorporación ocurra--. Allí tendría la ONA su responsabilidad central. Pero más que una programación todista del Estado y su transformación, implica la tenacidad de aplicar un enfoque --'accountability'--. Proponiendo procesos más simples, reglas y responsabilidades definidas, etc., la ONA aportaría el componente de prevención en el Estado que construimos hoy. Una ONA imaginada con ese papel cumple estas funciones:

* Coordina agendas y acciones de entidades estatales para que las políticas públicas sobre ética y anticorrupción y los procesos de reforma estatal estén engarzados productivamente, asegurando el enfoque preventivo. Tiene roles de asesoría, propuesta y seguimiento.

* No investiga casos. Hace seguimiento de la investigación de casos principales que hagan los órganos competentes y de los cuellos de botella surgidos.

* Analiza duplicaciones y vacíos de funciones y de los mecanismos de control.

* Construye indicadores y mapas de riesgos y vulnerabilidades (por vacío, exceso o duplicidad) en los instrumentos de control, útiles a cada entidad, a la estrategia general y para propuestas.

* Ofrece salidas --enfoque, procesos, etc.-- para mejorar el desempeño o eficiencia de los instrumentos (legales, procedimentales) usados y de las dependencias atañidas. Lo hace con ellas para asegurar su compromiso, respetar jurisdicciones y agregar valor, no duplicidad.

* Capitaliza el ojo externo de su comité consultivo para generar transparencia.

* Evita ser espacio de pura decoración, distracción política y sensacionalismo. Por eso, también, no hace investigación. No se dedica a acciones de prédica y exhortación que no cambiarán a nadie ni afectarán las oportunidades de corrupción.

La ONA debe dar un plus y efectos prácticos. No solo se trata de dar bienvenida a una institución por tener fines loables, ni de sumar esfuerzos. Sumar puede duplicar, estorbar, tener un neto negativo en dinero, recurso humano, tiempo y credibilidad. Suma gastos y puedes tener solo pérdidas.

La ONA debería construir Estado. Su hábitat es la reforma y modernización estatal, planteando medidas y mecanismos que limiten los espacios de corrupción y la hagan costosa y riesgosa. Es decir, ayudando a implantar la responsabilidad y la responsabilización, que no se agota en rastrear y encontrar culpables. Si los semáforos están malogrados, ni con todas las multas del mundo vamos a lograr que se respete la luz roja.