Trampa del Congreso a reforma del Estado

A un cuando no es inusual que el necesario paso ligero legislativo para la reforma del Estado se tope con una irresponsable falta de entendimiento entre el Gobierno y el Congreso, el entrampamiento de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que ya estaba en la recta final para su aprobación, es un caso insólito y reprobable.

El desencuentro radica en un solo punto. Pero es un punto determinante para efectos del tejemaneje de los organismos públicos descentralizados (OPD), porque de su resolución depende quién tiene la capacidad para crearlos o disolverlos.

Por un lado, el Ejecutivo exige que la reorganización, fusión y disolución de las actuales OPD sean por decreto supremo, es decir, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

Por otro lado, el dictamen de la Comisión de Descentralización del Congreso establece que esas competencias se ejecuten por ley, es decir con la aprobación en el Parlamento, aunque con previa iniciativa del Ejecutivo.

Si se opta por la fórmula de los parlamentarios es fácil predecir lo engorroso que resultará disolver o fusionar organismos descentralizados, pues deberán pasar por los distintos tamices congresales, cuando el sentido de la norma apunta a dar agilidad administrativa y por la fórmula del Ejecutivo resulta la más expeditiva.

Conviene recordar aquí al presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada, que él asumió el compromiso de aprobar en la presente legislatura la ley del poder Ejecutivo. Faltan tres semanas para que acabe la legislatura y aún hay tiempo para enmendar la obstinada posición parlamentaria.

Ante las difíciles circunstancias en que el Estado está casi atado de manos para cumplir sus compromisos, constituye un sabotaje a la gobernabilidad torpedear una ley sobre la imprescindible modernización del Gobierno Central.

Como señalamos en nuestras "Propuestas para una Agenda de Gobierno", para actualizar el plan de acción de reforma y modernización del Estado señalado por el Acuerdo Nacional, la tarea debe ser asumida y liderada por el presidente del Consejo de Ministros, que debe informar al Congreso trimestralmente sobre el logro del proceso.