Fotopapeletas: Improvisación y falta de estudios técnicos son evidentes

Por Juan Carlos Cuadros Guedes. Periodista

Es verdad. Algunos conductores son negligentes y, obviamente, mal educados. Para ellos, las normas, los reglamentos y la educación vial son letra muerta. Y las estadísticas sobre accidentes de tránsito fatales son reflejo de esta grave situación. Por eso, es bueno todo lo que se haga en materia de educación vial: disuasión, prevención y sanción de las infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito.

Pero no por ello se debe legalizar lo que no se ha normado aún ni aplicar sanciones cuando los motivos de la falta no están claramente establecidos ni sustentados por la autoridad. La costumbre se hace ley, reza el dicho popular, que hacen suyo permanentemente las municipalidades. Pero todos en este país tenemos derechos que deben ser respetados, de lo contrario, no se lograría una convivencia pacífica ni de bienestar social.

UN GRAN NEGOCIO
Esta semana el chupo reventó y pese a las denuncias de la prensa y tras admitir que hay vacíos normativos y técnicos que deben corregirse, como es la deficiente señalización de las vías, la Municipalidad de Lima pretende seguir utilizando los equipos de verificación fotográfica de infracciones de tránsito, aun cuando estos aparatos no gozan de la confianza pública, de la Defensoría del Pueblo ni del sector Transportes.

Y sus razones tiene, sobre todo si verificamos las estadísticas del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT): Solo de enero a octubre de este año se generaron 243.618 fotopapeletas, de las cuales 170.440 ya fueron canceladas y han significado un ingreso de 16'417.812 soles a las arcas municipales. Ahora bien, si todas las multas electrónicas fuesen pagadas, ello representaría un ingreso neto para la Municipalidad de Lima de 33'619.284 soles.

ABUSO DE AUTORIDAD
Según el especialista en derecho municipal Marco Tulio Gutiérrez, el reconocimiento que ha hecho la Municipalidad de Lima, de imponer papeletas electrónicas por exceso de velocidad en la Panamericana (Norte y Sur), en la avenida Raúl Ferrero y la Carretera Central, sin que estas vías reúnan las condiciones legales para hacerlo, pues carecían de estudios de velocidad y debida señalización, "debe dar lugar a la inmediata anulación de oficio de las multas", señaló el abogado.

"La Ley de Procedimiento Administrativo General establece que el acto administrativo en el que ha habido defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez es nulo de pleno derecho y debe ser declarado así de oficio por la autoridad tan pronto se percate de dicha situación", dijo.

Ello implica --agregó-- que a quien pagó una multa de ese tipo lo ampara la legislación y puede solicitar que se le devuelva su dinero, "lo que deberá hacer la Municipalidad de Lima, a menos que quiera ser demandada por abuso de autoridad".

REAFIRMA SU POSICIÓN
Por su parte, la Defensoría del Pueblo reafirmó su posición de seguir adelante con el tema. Sus funcionarios señalaron que a más tardar mañana estarían enviando al concejo metropolitano un documento recordándole la necesidad de subsanar en breve las deficiencias que existen en la aplicación de las fotopapeletas, como es la señalización de las vías y la regulación técnica de los equipos.

ENFOQUE
JUAN CARLOS GUEDES. Periodísta

La utopía de la velocidad adecuada
La Municipalidad Metropolitana de Lima reconoció esta semana que la aplicación de fotopapeletas en las calles y avenidas de la ciudad se hizo sin los estudios técnicos ni la señalización adecuada. Y en tanto corrige sus errores, solo impondrá multas en la avenida Javier Prado y la Costa Verde.

¿Acaso el poner señales preventivas, advirtiendo a los conductores que pueden ser sancionados si van más rápido de lo debido, les da derecho a seguir actuando como hasta ahora?

Todos sabemos que los límites de velocidad en ambas vías fueron modificados una y otra vez por la Municipalidad de Lima, ante las continuas denuncias periodísticas y el reclamo de los usuarios.

Lo mejor sería, por un tema de transparencia y legalidad, que se mostraran públicamente los estudios técnicos que respaldan su posición.