Inclusión e institucionalidad 

Por Francisco Miró Quesada Rada. Politólogo

La Universidad Católica organizó un seminario sobre reforma del Estado, coordinado por Henry Pease, quien convocó a políticos y especialistas. Según Pease, el evento tuvo por objetivo uniformar la variedad de temas que existen sobre la reforma del Estado, con la intención de unir voluntades respecto de los cambios que deben realizarse.

En este contexto, define el sentido de un congresista, sosteniendo que primero es representante y, en cuanto tal, debe comunicarse directamente con su electorado. Luego, por esta naturaleza de la representación, es legislador y fiscalizador. Este planteamiento intenta responder a la interrogante de cómo lograr que el representante elegido esté próximo al elector y no se aleje, produciéndose un distanciamiento que afecta la articulación y el diálogo que deben existir entre ambos.

Son diversas sus propuestas. Por ejemplo, renovación del Congreso a la mitad del período presidencial. El Congreso debe ser bicameral. Establecer el voto uninominal para la mitad de los representantes y la otra mitad sería elegida a través del voto proporcional. Fortalecer la democracia interna en los partidos políticos y se retorne a su financiamiento para evitar que la plutocracia, o sea el poder del dinero, produzca desigualdades en la competencia electoral. Cuando el congresista se pasa a otro partido, debe vacar en su cargo, porque el elector votó primero por el partido y luego emitió su voto preferencial. Admite que el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno, pero propone que deben establecerse funciones diferenciadas entre este, el primer ministro y los ministros. Que el Gobierno respete las autonomías en sus diversos niveles, concertando las asignaciones de recursos. Todo esto como parte de una política transparente, para estabilizar la democracia y la gobernabilidad.  

Dos destacados científicos sociales de esta universidad hicieron importantes aportes. Rolando Ames considera que el Estado está en plena construcción y existe todavía un espacio impreciso por saber en qué consiste. No obstante, es fundamental que sea democrático, con sentido de ciudadanía y pertenencia. Para que adquiera legitimidad, debe concordar y armonizar con nuestra realidad sociocultural, tener una gestión eficiente e instituciones sólidas, pero también coherentes.

Javier Iguíñiz propone un desarrollo económico descentralizado que denomina inclusivo, es decir, que promueva la generación de empresas en todas sus modalidades, pequeñas, medianas, grandes, con la finalidad de poder transformar los recursos naturales en las regiones y facilitar diversos servicios, para generar empleo. Propone un cambio tecnológico en la pequeña producción rural y urbana.

También se refiere a la dicotomía entre el ruido político indeseable y el silencio idealizado, considerando terrible la creencia de que solo la técnica pueda decir lo que debe hacerse, cuando existen criterios distintos y precisamente la política consiste en ponernos de acuerdo sobre temas comunes.

Este esfuerzo que ha hecho la Universidad Católica es encomiable. Sin duda, un aporte a la necesaria reforma del Estado. Los instrumentos técnicos y políticos han sido propuestos. Solo basta la decisión del Gobierno, del Congreso y de la sociedad civil para realizarla.