Múltiples demandas judiciales impiden remover a funcionarios investigados por corrupción

Acciones de amparo y recursos en la vía contenciosa son los más utilizados

Por Óscar Castilla C.

El teniente general PNP Víctor Gandolfo Monzón es investigado por la Cuarta Fiscalía Anticorrupción por su participación en la frustrada --y supuestamente sobrevaluada-- compra de 469 patrulleros para el Ministerio del Interior (Mininter). Además de eso, fue sometido a un proceso disciplinario por sus colegas en el comando.

Sin embargo, el entonces jefe de la Inspectoría General de la Policía --como ocurre en múltiples casos-- no fue amonestado, suspendido ni retirado de su institución pese a las múltiples voces que reclamaron su salida. Apenas pudieron relevarlo del estratégico cargo que ocupaba y fue designado como un asesor más de la Dirección General de la PNP.

¿Pero por qué Gandolfo no pudo ser retirado pese a las graves imputaciones en contra de él? Para empezar, el órgano de control interno de la policía, el Tribunal Administrativo Disciplinario Territorial de la PNP de Lima, no alcanzó a encontrarle ninguna responsabilidad.

Luego el Poder Judicial falló a su favor, a raíz de una demanda interpuesta por el alto oficial, y dispuso que fuera repuesto en el cargo que venía ocupando.

Como se esperaba, en la resolución se argumentó que el cambio de puesto de Gandolfo no fue motivado por ninguna medida disciplinaria (no fue sancionado por su institución) y tampoco por alguna medida cautelar derivada de una investigación (ni siquiera está procesado por un juzgado penal).

Por todos estos motivos el caso del general Gandolfo es el típico ejemplo de cómo la ausencia de fallos incriminatorios en las investigaciones administrativas y la existencia de algunos recursos judiciales pueden evitar que un funcionario, que forma parte de la maquinaria estatal y que es investigado penalmente por el Ministerio Público o el Poder Judicial, sea retirado de la institución en la que labora.

Resulta que el Código Procesal Constitucional contempla la figura de las acciones de amparo, utilizadas por oficiales de la policía, militares y magistrados, entre otras, para ser repuestos en sus centros de trabajo, luego de argumentar que se han vulnerado sus derechos.

"Utilizando este recurso (las acciones de amparo) se puede llegar al Tribunal Constitucional (TC) en el Perú y hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el ámbito internacional, si en las instancias anteriores el demandante no ha logrado su reposición", dijo el abogado Mario Amoretti.

Otra medida similar a la antes mencionada es la que se interpone en los juzgados contencioso-administrativos, como hizo el general Gandolfo, y que se resuelve en cuestión de semanas, ya que son procesos de carácter sumario. "Esos recursos judiciales sirven para reponer a investigados en actos de corrupción que hasta tienen fallos condenatorios", señaló el penalista Luis Lamas.

PROBLEMAS INSTITUCIONALES
Una fuente de la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior que prefirió guardar el anonimato advirtió que un numeroso grupo de investigados por corrupción y otros delitos se mantienen en sus cargos debido a que los órganos de fiscalización institucionales --como los tribunales disciplinarios en la policía o las oficinas de control en el sistema judicial, entre otros-- no cumplen con investigar y emitir una sanción en el plazo que les da la ley, con lo que se podría evitar que los involucrados recurrieran al Poder Judicial para volver a sus puestos gracias a las acciones de amparo y a recursos en la vía contencioso-administrativa.

SEPA MÁS
4Las acciones de amparo han sido utilizadas para bien y para mal. Por ejemplo, sirvieron para que muchos magistrados, expulsados del Poder Judicial después del autogolpe del 5 de abril de 1992, regresaran a la judicatura luego de presentar su demanda en el fuero supranacional de la CIDH.
4De otro lado, más de 700 policías investigados judicialmente por diversos ilícitos penales fueron reincorporados en su institución, según datos del Ministerio del Interior. Ellos lo consiguieron luego de utilizar acciones de amparo, así como recursos en la vía contencioso-administrativa.